La creación de un fondo de 10 millones de euros para pagar las fianzas a los dirigentes independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas ha provocado un tenso debate entre el consejero de Economía, Jaume Giró, responsable de la medida, y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, quien ha calificado la iniciativa de “martingala”, “treta” y “tomadura de pelo” para todos los catalanes. El político ha asegurado que el fondo “es un instrumento para restablecer el espacio de libertad para hacer acción política sin la angustia o el miedo de que vendrán a embargarte sin juicio o sentencia”.

En la sesión de control celebrada en el Pleno del Parlament, el dirigente de la formación naranja ha preguntado a Giró sobre un fondo para cubrir las fianzas de los funcionarios inmersos en procesos judiciales. En un primer momento, el consejero se ha limitado a responder. “Sí, tengo más datos”, por lo que Martín Blanco ha insistido sobre esa “martingala, una treta para proteger a los autores del golpe a la democracia de 2017. Comprometen dinero público de todos los catalanes, seremos los paganos, quienes les paguemos la fiesta. Es una nueva tomadura de pelo para los catalanes. Las víctimas de sus excesos recibirán dinero destinado a la sanidad, la educación o los servicios públicos”.

"Espacio de libertad"

Giró ha dicho que el decreto ley, “que se publica hoy pero todo el mundo valora”, es “todo lo contrario a la malversación, da tutela judicial a todos los funcionarios como hace cualquier democracia del mundo”. Ha precisado que “cuando haya una sentencia judicial condenatoria, la Generalitat recuperará todos los dineros que haya gastado. La Generalitat no avala directamente, no hay traspaso patrimonial, no pierde la titularidad del dinero. Es una cobertura”. Ha concluido que, el fondo “es un mecanismo para cubrir las sanciones del TdC, pero también es un instrumento para restablecer el espacio de libertad para hacer acción política sin la angustia o el miedo de que vendrán a embargarte sin juicio o sentencia”.

“En estos últimos años ha habido miedo, eso conculca libertades. También lo es el exilio y la prisión”, ha dicho el consejero.

La diputada del PPC, Lorena Roldán, también ha preguntado sobre este tema a la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, de quien dependen los servicios jurídicos de la Generalitat. "La Generalitat protege a todos los servidores públicos. Hablamos mucho del principio de indemnidad, que garantice que ningún funcionario se vea perjudicado por su actividad. El tribunal de Cuentas es un tribunal politizado, que su partido instrumentaliza políticamente. No hay separación de poderes, España necesita mejorar en eso y mucho. Es una anomalía en Europa", ha dicho la consejera.