El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, espera un gesto del Gobierno central, después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado en 5,4 millones de euros los supuestos gastos del Ejecutivo catalán en la promoción internacional del procés, a través de las denominadas embajadas catalanas y del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, este será el primer reclamo del republicano en su reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, programada para las 17.00 horas. La Generalitat ha tildado de "venganza" el dictamenten del órgano fiscalizador y exige "pasos del Gobierno español" ante un reclamo económico que consideran "una nueva oleada represiva contra el independentismo".
Tribunal de Cuentas
El tribunal ha puesto bajo el foco a 40 exaltos cargos del Govern, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, a quien exige 1,9 millones; el exvicepresidente Oriol Junqueras, al que también pide la misma cifra; o el expresidente catalán Artur Mas, a quien reclama otros 2,8 millones.
"El Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo que busca venganza y el Gobierno español no puede mirar hacia otro lado porque esto es una anomalía en un sistema democrático", ha señalado Plaja. La pretensión de la Generalitat es que el Ejecutivo socialista "no mire hacia otro lado" y frene las multas.
Amnistía y autodeterminación
"El ministro Ábalos reconoció esta semana que --el dictamen-- era una piedra en el camino y por eso pedimos que no permitan esta anomalía democrática", ha insistido la portavoz. Ha avanzado que los servicios jurídicos ya trabajan en el asunto, aunque se ha negado a aportar más detalles, como si se ha personado ya en la causa. Sí ha subrayado que la Generalitat apoya a los encausados y no se considera perjudicada por las supuestas pérdidas que ascenderían a 5,4 millones.
En el encuentro de esta tarde, Aragonès pretende poner sobre la mesa las peticiones de amnistía y autodeterminación, pese a ser consciente de la negativa del Ejecutivo socialista sobre ambas cuestiones. "Trasladará la urgencia de resolver el conflicto político y la parte catalana [de la mesa] recoge los grandes consensos de país. La propuesta del Gobierno español todavía no la conocemos", ha indicado Plaja.