Josep Rull, uno de los políticos indultados por el Gobierno por la sentencia del procés, se ha sumado a las presiones contra el Tribunal de Cuentas por las actuaciones para reclamar los gastos incurridos por la Generalitat en la acción exterior relacionada con el movimiento independentista. El que fuera conseller de Territorio y Sostenibilidad ha acusado la organismo de perseguir “la muerte civil de 40 personas”, entre ellas el antiguo conseller de Economía Andreu Mas-Colell.
A lo largo de una entrevista concedida este sábado a Rac-1, Rull, que abandonó el pasado martes la prisión de Lledoners tras recibir el indulto del Consejo de Ministros, ha acusado al Tribunal de Cuentas de actuar de manera “vengativa e inquisitorial” contra las personas que, en su día, determinaron que la Generalitat destinara partidas económicas a labores relacionadas con el procés y cuya reparación pretende exigir.
Las palabras de Ábalos
Las palabras de Rull llegan horas después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, señalara que la actuación del Tribunal de Cuentas supone poner piedras en el camino en el diálogo entre el Gobierno central y el recién constituido de la Generalitat.
El también secretario de organización del PSOE manifestó su intención de trabajar para despejar el camino, lo que se interpretó como una presión hacia el Tribunal de Cuentas, cuya actuación fue duramente criticada horas después por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Exigencia separatista
La responsabilidad patrimonial personal que el Tribunal de Cuentas podría exigir a los en su día responsables del uso de los fondos públicos supera los cinco millones de euros.
Una de las exigencias de los separatistas a Moncloa en el marco del diálogo que pretenden establecer es que la actuación del Tribunal de Cuentas, organismo teóricamente independiente, pase a mejor vida.
Síntoma de debilidad
Como quiera que Ábalos habló de “retirar piedras del camino” en alusión a la posible actuación del Gobierno, Rull ha manifestado que “si quieren desenpedrar, que la Abogacía del Estado se aparte del proceso contra la acción exterior de la Generalitat”.
El exconseller también ha acusado a Moncloa de verse condicionada por una debilidad que, en su opinión, los independentistas no se encontrarían en el caso de tener que tratar con gobiernos de otros países como Reino Unido o Canadá.
“Con ellos como interlocutores no habría problemas para dirimir diferencias pero el Gobierno de Sánchez es débil y esa debilidad le impide poner las urnas”.