El contrato del Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar la plataforma tecnológica del servicio de atención domiciliaria (SAD) ha terminado en los tribunales. EMR Software ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la adjudicación del servicio al grupo Trevenque. Pese a que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público desestimó en febrero un recurso previo de la primera, la compañía ha elevado el contencioso hasta el TSJC y ha reclamado la suspensión cautelar del concurso.
Fuentes consultadas por Crónica Global destacan la importancia de esta licitación del Instituto Municipal de Informática. Hasta ahora, las privadas que prestan este servicio en la capital cuentan con su propio programa de gestión, por el cual, además, puntúan en el proceso de adjudicación de la contrata. Sin embargo, la corporación pública quiere unificar los criterios de estos aplicativos mediante la elaboración de un único sistema de información que será proporcionado por el propio consistorio. De este modo, se quiere facilitar la transmisión de información entre los actores y limar algunas deficiencias detectadas por el ayuntamiento.
Conflicto por el precio
La cuantía del contrato no es menor: 548.013 euros por un periodo de 26 meses --prorrogable por otros dos años hasta sumar la cifra de 901.675 euros--. Precisamente, las alegaciones de EMR cuestionan la oferta económica de su rival, que consideran demasiado baja para afrontar el desarrollo del software. David Arenas, gerente de EMR, explica a este medio que "no les salen los números" con la propuesta de su competidor y que "irán hasta el final" para revertir la situación.
Además, el ejecutivo añade que Trevenque ha tirado a la baja el montante presentado en una consulta preliminar de mercado realizada por el Ayuntamiento. "Se realizó una consulta, en la que nosotros también participamos, en la cual hicimos peritaciones para saber cuál era la viabilidad del proyecto. Al acceder a los pliegos de la otra parte tras el recurso al TSJC, nos hemos dado cuenta de que Trevenque ha modificado sustancialmente su valoración. Nosotros hemos licitado por el mismo precio que en la consulta de mercado", declara.
Imagen de una visita del servicio de atención domiciliaria (SAD) en Barcelona, cuyo ayuntamiento dirige Ada Colau / CG
Posición del auditor
Por su parte, Trevenque no ha querido hacer declaraciones mientras el expediente se encuentre sub iudice. Lo factual es que el grupo con sede en Granada ganó el concurso precisamente por su oferta económica, que mereció una puntuación muy superior a la del otro aspirante, mientras que la puntuación de la oferta técnica de evaluación subjetiva apenas difirió entre las dos empresas.
Sin embargo, hay que recordar que el organismo auditor desestimó los argumentos en contra de EMR sobre la inviabilidad del proyecto de Trevenque. En concreto, la empresa radicada en Cataluña argumentaba que su contrincante no había tenido en cuenta todas las categorías profesionales. Pero el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público consideró que esta alegación se hacía en base a "cálculos propios soportados en simples hipótesis y suposiciones, que es evidente que no resultan suficientes para excluir la oferta adjudicataria y, todav´ia menos, anular el procedimiento cuando no se aprecia (...) ninguna irregularidad".
Polémica
Tanto EMR como Trevenque son empresas con largo recorrido en el desarrollo de programas informáticos para el sector sociosanitario. La primera lleva veinte años ampliando los clientes de su software de gestión Jano y cuenta con una gran penetración en municipios catalanes y grandes corporaciones como Telefónica y Sacyr. Por su parte, Trevenque cuenta con 25 años de experiencia y está presente en más de 18 países gracias a sus soluciones informáticas para el ecosistema sociosanitario pero también el mundo editorial.
No es la primera vez que el SAD se encuentra en el centro de la polémica. El gobierno local que comanda Ada Colau cedió el año pasado la mitad del macrocontrato de dependencia a Servisar, filial del grupo DomusVi, una empresa que controlan dos fondos de inversión --los otros dos lotes recayeron en Suara Cooperativa--. Ello pese a la promesa de remunicipalizar el servicio con que los comunes concurrieron a las elecciones municipales de 2015. La operadora de residencias dirigida por Josefina Fernández ha estado en la diana no solo por su entramado fiscal, sino también por las protestas de sus trabajadores por la "improvisación" durante la segunda ola de la pandemia.