“Virulento acoso y señalamiento de jueces”. Esta es la denuncia que un grupo de profesores hace en Informe sobre la Independencia Judicial en España, publicado por Foro de Profesores, donde se describe la participación de los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra en esa deslegitimación. En el estudio han participado Rafael Arenas García (catedrático de Derecho Internacional Privado, UAB), Chantal Moll (profesora de Derecho Civil, UB), Alfredo Crespo Alcázar (profesor de RR.II. y de Derecho, UAJ y UIV), Germán Teruel (profesor de Derecho Constitucional, UM), José Antonio Olmeda (catedrático de Ciencia Política y de la Administración, UNED) y Fernando Jiménez Sánchez (profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, UM).
El documento aborda cuestiones como “Estrategia, argumentación y alianzas en los ataques al Estado de derecho, a los jueces y a los fiscales en Cataluña” y la “Violencia procesista: física e institucional”. Los autores explican que “durante el intento nacionalista de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017” el ataque al Poder Judicial “fue especialmente virulento. No solamente se producía la sistemática deslegitimación de sus actuaciones, sino que se llamó abiertamente a impedir el desarrollo de actuaciones judiciales (un registro en el gobierno regional catalán el 20 de septiembre de 2017, por ejemplo) o a ‘rodear’ sedes judiciales (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el otoño de ese año 2017)”.
Señalamiento de Pablo Llarena
Aluden al “señalamiento y acoso a jueces, especialmente virulento contra el magistrado que había instruido la causa (Pablo Llarena) contra los implicados en el mencionado intento de derogación de la Constitución en Cataluña como paso previo a la creación de un estado independiente en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña”.
Ataque a la casa del magistrado Pablo Llarena en Cataluña / TWITTER
Ese “acoso” tuvo consecuencias, pues según recuerdan, en 2017 se produjo un incremento notable de los jueces que pidieron su traslado de la citada comunidad autónoma. De hecho, en 2020, el 59% de las plazas vacantes de jueces que había en España se concentraba en Cataluña”. “La implicación del poder público en estos ataques y deslegitimación de los jueces y tribunales –añaden-- ha sido constante y significativa. Se ha convertido en icónica una fotografía del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, posando con los cinco requerimientos emitidos por el Tribunal Constitucional a la vez que indicaba que no le impedirían seguir adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017”.
Las críticas al Tribunal Constitucional y al conjunto de los tribunales españoles “fueron constantes por parte de las autoridades públicas y continúan en la actualidad. En ese sentido, y sin querer ser exhaustivos, podemos mencionar declaraciones del Parlamento de Cataluña rechazando sentencias judiciales y calificando de autoritario al Tribunal Supremo o rechazando investigaciones por desobediencia al presidente de la Generalitat. Este acusó de politización a los tribunales y pidió expresamente que el Parlamento regional no acatara esa decisión. Las declaraciones de rechazo a las sentencias son habituales también en administraciones locales y también en las universidades públicas que son financiadas por el gobierno regional”.
La sentencia del 1-O
La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a quienes dirigieron el intento de derogación en Cataluña de la Constitución de 1978 fue rechazada explícitamente por el presidente de la Generalitat, quien animó a manifestarse contra ella, participando en un acto que llevaba por título ‘Contra la sentencia, independencia’. Una vez conocida dicha sentencia se sucedieron diversos actos de protesta, incluyendo disturbios violentos”.
Para los académicos, el independentismo “ha buscado en todo momento menospreciar la imagen de España como Estado de derecho, particularmente a nivel internacional. Igualmente ha creado una narrativa en la que ha tendido a presentarse como un movimiento pacífico y democrático. Sin embargo, la realidad ha desmentido tales aspiraciones”. Este movimiento “ha buscado en todo momento internacionalizar esta visión negativa de España a través de un entramado dependiente de la Generalitat en el que sobresalía Diplocat (una entidad cuya gestión económica fue objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas).
En el capítulo Violencia procesista: física e institucional, Foro de Profesores explica que el secesionismo “ha proyectado el mito de la ‘revolución de las sonrisas’, expresión con la que quiere reflejar que todas y cada una de sus intervenciones han estado guiadas por el pacifismo, descartando (y cuando no, negando) el uso de la violencia. La realidad ha mostrado la falsedad de tal argumento: ha habido violencia física (por ejemplo, aunque no sólo, la realizada por los CDR tras conocerse la sentencia del juicio del procés) y desobediencia institucional (perceptible, por ejemplo, en la actitud de las autoridades nacionalistas hacia el lazo amarillo).