El Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona ha dejado “sin efecto” la detención de Laia Estrada (CUP) por su incomparecencia ante la sala. La diputada estaba siendo investigada por presuntos desórdenes públicos en la protesta por el Consejo de Ministros de 2018 en Barcelona, pero no ha comparecido a declarar en ninguna de las dos ocasiones en las que ha sido citada.

Tras reexaminar la causa, el juzgado ha decidido “proceder prudencialmente a dejar sin efecto su detención” y volver a enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin practicar la declaración de Estrada, según ha explicado el partido de la afectada en un comunicado este viernes.

“Perseguir el independentismo”

En diciembre, tras no acudir a una de las citaciones, Estrada defendió que lo hacía usando su “derecho a no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene ningún problema para tirar adelante causas que no se aguantan por ningún sitio”.

En declaraciones de este jueves a las puertas del Parlament, aseguró que los asistentes a las protestas en las que participó y por las que se la investiga “se dedicaron a andar muchísimo” y añadió que “no hubo ningún tipo de desorden ni violencia”.

Denunciar la criminalización

Laia Estrada ha expresado en su cuenta de Twitter que “si no fuera diputada, habría pasado la noche en el calabozo”. En el mismo, ha reafirmado su decisión de continuar sin comparecer para “denunciar la criminalización de la protesta y no normalizar la barbarie represiva contra 3.000 independentistas”.

La diputada defiende que esta causa podría haberse archivado del mismo modo que se hizo cuando no compareció voluntariamente a declarar en una ocasión anterior. Esa vez también estaba acusada por desórdenes públicos tras participar en las huelgas del 3 de octubre y 3 de noviembre de 2017.

Posibilidad de recurrir

La notificación enviada a la CUP por el juzgado pide trasladar la resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para informarlas de la posibilidad de presentar un recurso.

El plazo para hacerlo es de tres días si se trata de un recurso de reforma y de cinco si es de apelación.