La consellera de Salud, Alba Vergés, ha criticado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "interfiere" en la estrategia estatal de vacunación con la obligación de reanudar la administración de dosis a policías nacionales y guardias civiles, destinados en el territorio. 

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que el TSJC haya dado un plazo máximo de 10 días al Govern para reanudar dicha vacunación y alcanzar "la misma proporción" de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y es que el 70% de los policías autonómicos ya han recibido al menos una dosis del antídoto contra el Covid mientras que el porcentaje de inoculados en los cuerpos estatales se queda en el 15%. 

Gestión de la pandemia

"Una vez más los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia", ha criticado Vergés, que ha argumentado que la estrategia de vacunación es estatal y que ahora está focalizada en la administración de dosis por edades. Rechaza, de este modo, que exista la diferencia evidente entre la inmunización de los cuerpos de seguridad estatales con el resto de personal escencial de la Generalitat. 

Vergés, igual que ha señalado Meritxell Budó tras el Consell Executiu, ha justificado que se empezó a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales pero se paró tras la suspensión cautelar de dicha vacuna. Cuando se retomó, explica, las dosis se destinaron a los mayores de 60 años y no al personal escencial. En este colectivo, además de los agentes de seguridad, se incluye a los sanitarios y docentes, entre otros. 

Vacunación de colectivos esenciales

"No lo hemos decidido sólo nosotros, qué se paraba y de qué manera se paraba", ha insistido la consellera, que ha añadido que han parado la vacunación de todos los colectivos esenciales menores de 60 años y, a su juicio, esta excepción con los policías nacionales y guardias civiles no es adecuada.

Cabre recordar que el ultimátum del TSJC es muy dura y señala directamente a la política de ERC. Le advierte de que en un "plazo máximo de cinco días deberán comunicarse a este Tribunal el cargo y datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial. Transcurrido ese plazo, y de no haberse procedido a esa comunicación, el Tribunal considerará que la autoridad responsable es la persona titular del departamento de Salud".  Por lo que habría que asumir a título individual cualquier nuevo retraso en la vacunación de Policías y Guardias Civiles destinados en Cataluña.