El plan ambiental de la Alta Garrotxa diseñado por la Consejería de Territorio ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tanto el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, como las organizaciones de propietarios forestales de la zona --a este segundo contencioso se sumaron también el Consorcio Forestal y el Moviment País Rural--, han recurrido el documento aprobado en febrero por el Govern en una de sus últimas decisiones adoptadas antes de las elecciones autonómicas.

El motivo: la retahíla de restricciones impuestas sobre las actividades económicas desarrolladas en la región. Los empresarios y propietarios denuncian su exclusión del plan elaborado por el área de gobierno dirigida por Damià Calvet (JxCat), que ha rechazado el grueso de sus alegaciones y los ha esquinado durante la tramitación. Como consecuencia de ello, los recurrentes advierten de que la hoja de ruta nace con serios déficits que ponen en riesgo la gestión del paraje natural. Uno de los principales: que no se apuesta por la cogobernanza entre el sector público y los privados.

Demasiadas restricciones

En total, el plan abarca 32.860 hectáreas comprendidas entre las comarcas de la Garrotxa, el Alt Empordà y el Ripollès. El 90% del terreno está formado por suelo agrícola y forestal de titularidad privada, sobre el cual la Generalitat aplicará de ahora en adelante un estricto catálogo de usos. La actitud, motivada por un "conservacionismo excesivo" según las fuentes consultadas, pone en jaque el conjunto de actividades económicas que se desarrollan en la zona.

Desde la ganadería hasta la agricultura, pero especialmente la silvicultura, el Departamento restringe notablemente el ejercicio de negocios arraigados en la región. También pone contra las cuerdas el turismo rural y la cinegética. El Instituto Agrícola alerta de que estos vetos podrían intensificar la despoblación en un territorio que año tras año lucha por evitar la huida de residentes.

Proteger la silvicultura

La organización de empresarios agrícolas expone en detalle sus quejas en su recurso, que recoge buena parte de las alegaciones desechadas por Territori en 2019. La entidad pone en valor la explotación de los bosques como un compensador de los gases de efecto invernadero, algo sobre lo que no repara el texto del Govern. Precisamente, las actividades económicas, tal y como defienden los recurrentes, ofrecen garantías para asegurar la biodiversidad y sostenibilidad del ecosistema.

En este punto coinciden los silvicultores, que consideran que la preservación de la economía forestal es indispensable --junto a la ganadería intensiva, prohibida por el plan, y la caza, que queda tocada por la regulación-- para preservar la riqueza natural del paraje. Los interlocutores achacan este punto de vista a un sesgo "urbanita" que desvincula el ambientalismo de cualquier desarrollo empresarial --o faceta "antrópica", en la terminología usada por la Administración--.

Un plan ruinoso

Precisamente, el Instituto Agrícola critica que se circunscriban las actividades permitidas en el mundo rural a las expresamente citadas en el articulado. Máxime, cuando esta previsión contradice la normativa urbanística general para el suelo no urbanizable. Así, se reclama la aceptación de alternativas lúdicas, deportivas o turísticas siempre que no se cambie el uso del suelo no urbanizable hasta perder su carácter definitorio.

Por eso también rechaza que los propietarios deban limitar el alojamiento turístico a una única finca rural en caso de que posean varias, o que se prohíba el paso de vehículos motorizados pese a que se extremen las precauciones en los trayectos. Asimismo, se pide ampliar la capacidad para instalar equipos o edificios necesarios para las explotaciones agrícolas o ganaderas.

Sin compensaciones

El corolario de estas restricciones es la ausencia de un estudio que evalúe el impacto económico del nuevo sistema de ordenación del territorio. Las compensaciones económicas a los propietarios de fincas rústicas no se incorporan al texto ni se prevé su futura determinación. Demasiados defectos que han provocado una oleada de indignación. De hecho, los silvicultores de la Garrotxa no descartan movilizaciones masivas para hacer oír su voz.

Por su parte, la Consejería ha afirmado a este medio que "el plan parte de la base que admite las actividades de uso público y de aprovechamiento tradicionales de los recursos naturales", así como "las obras para construcciones, edificaciones, isntalaciones e infraestructuras necesarias para su desarrollo y para los habitantes del espacio". El plan, según el Govern, deroga "normas especiales muy restrictivas y poco adaptadas a las necesidades de conservación y socioeconómicas actuales del espacio", y contiene medidas de apoyo para las actividades económicas. Pese a esta buena voluntad, el documento ha terminado ante los tribunales.