Las trabas del Govern a la FP online preludian un éxodo de centros de formación

El origen del conflicto se halla en la obligación de examinar en Cataluña a los alumnos que residen en otras autonomías. Cerca de 20.000 estudiantes se matriculan anualmente en las 57 empresas que operan en la región, que lideran el mercado nacional en su categoría. La exigencia de desarrollar los exámenes presencialmente pondría en aprietos el modelo de negocio de los jugadores más fuertes del ecosistema, que podrían optar por mudarse fuera del territorio.

Ilerna apuesta por Madrid

De ahí que algunos grupos empiecen a tomar medidas. Ilerna Online ha alquilado un edificio de 5.200 metros cuadrados en Madrid como antesala de un traslado fuera de Cataluña. La escuela ofrecerá 20 ciclos de grado medio y superior y ampliará notablemente su presencia en la capital española --hasta ahora solo ofrecían cuatro titulaciones en otro espacio de menor tamaño--.

“Nuestra vocación de expansión forma parte de nuestra estrategia de crecimiento. Recientemente hemos abierto un nuevo centro en Sevilla y ahora estamos en vías de ampliar el que tenemos en Madrid”, explica Jordi Giné, consejero delegado de la empresa leridana. “Trasladarnos definitivamente fuera de Cataluña es lo último que queremos, pero si finalmente nos vemos obligados, estaremos preparados para hacerlo”, remata el directivo.

Aprobación en mayo

Otros operadores barajan planes de contingencia similares para instalarse en un entorno más favorable. “El sector de la FP online está cohesionado frente a una regulación que pone puertas al campo y corre el riesgo de acabar con muchos centros catalanes”, señala Guillermo Ricarte, director general de Linkia, otra gran empresa innovadora el sector. También Pimec ha abanderado en primer término la lucha por corregir los elementos más lesivos de la norma. Pese a las alegaciones presentadas por la patronal, su representante en el Consejo Escolar, Sílvia Miró, explica que los centros formativos experimentan un alto grado de "incertidumbre" ante el redactado definitivo del texto legal.

La situación es paradójica: mientras los alumnos del resto de autonomías pueden examinarse en la autonomía catalana --no solo en esta categoría educativa, sino también en el ámbito universitario o en las enseñanzas deportivas--, el Govern bloquea la misma posibilidad en sentido contrario. Máxime cuando en la FP ocupacional sí se permite la teleformación y está previsto que los alumnos se examinen, previo convenio, en aquellos centros que tengan más cerca.

El consejero de Educación, Josep Bargalló, en imagen de archivo / EP

Moratoria de un año

Pero en la modalidad de FP educativa, la Generalitat se cierra en banda. La Administración fundamenta su rechazo en el nulo control que tiene sobre las condiciones en que se realizan los exámenes a distancia fuera de territorio catalán. Pero, a la vez, las empresas denuncian que no se permite censar aquellos equipamientos que ofrezcan garantías, tal y como se hace en la FP ocupacional.

La única concesión del Departamento de Educación ha sido la inclusión de una moratoria de un año para la entrada en vigor de la normativa. Fuentes de la Consejería aseguran a este medio que la regulación se publicará a finales de abril o principios de mayo.

Convenios complicados

La normativa incluye una alternativa que deja insatisfecho al sector: negociar convenios de colaboración entre autonomías. Melcior Arcarons, consultor de formación profesional y asesor de las empresas del ramo, aún reconociendo las mejoras que ha experimentado el texto durante su tramitación, cuestiona la viabilidad práctica de esta propuesta por las dificultades políticas que plantea entre gobiernos que no comparten el mismo interés y por la falta de incentivos de otras autonomías para acordar estos convenios.

En efecto, estos convenios solo beneficiarían a una de las partes, ya que los alumnos de otras regiones matriculados en centros catalanes sí pueden desplazarse a esta autonomía para completar sus estudios sin problemas. Por tanto, la negociación parte de una situación de desequilibrio que obstaculiza el acuerdo.

Tecnología, la solución

La solución, apuntan los interlocutores, pasa por la implementación progresiva de metodologías de verificación que habiliten los exámenes en remoto. Como detalla Arcarons, las tecnologías basadas en inteligencia artificial cada vez presentan soluciones más acabadas que disiparían las dudas de la Generalitat sobre las garantías de examinación.

De hecho, dos disposiciones adicionales del borrador aventuran esta posibilidad, si bien de forma no concluyente. Para las empresas de FP online, la consejería podría dar una muestra de buena voluntad si avalase estas herramientas el próximo junio, coincidiendo con las pruebas finales de muchos ciclos y amparándose en un Real Decreto de septiembre de 2020 que da cobertura a su uso. Con todo, las compañías desconfían ya que la Generalitat desaprobó esta opción el pasado enero. Demasiadas trabas que amenazan con lastrar un sector educativo con empresas punteras como Linkia o Ilerna.