El 'DNI de Colau', como el de Puigdemont, tampoco convence

El nuevo carnet del Consejo para la República (CxR) del expresidente catalán huido a Bélgica, Carles Puigdemont, ha concitado una fría acogida por sus escasas atribuciones y las aristas legales. En Barcelona, otra tarjeta de identidad no oficial, el Documento de Vecindad promovido por el gobierno de Ada Colau, también ha pinchado. 

Es lo que se desprende de las cifras aportadas por el Ayuntamiento de Barcelona a preguntas de este medio. Según el Ejecutivo local, desde la puesta en marcha de este servicio, "se han emitido 1.066 documentos de vecindad". Una cifra más que discreta. La iniciativa arrancó el 1 de diciembre de 2017. El guarismo revelado por el consistorio revela la floja acogida: 330 DNI municipales al año, menos de uno al día. 

El censo sí se ha disparado

El Documento de Vecindad lo lanzó el primer gobierno municipal de los Comunes hace casi tres años y medio. El objetivo era, según la versión municipal, "acreditar la integración en la ciudad para evitar un procedimiento de internamiento y expulsión". No parece que los nuevos barceloneses en situación irregular hayan confiado en masa en esta cartilla. 

Solo el año pasado, la población de la capital catalana aumentó en 16.172 personas, un incremento del 0,98%. Precisamente, la población que más creció fueron los vecinos procedentes de países extracomunitarios, cuyo número avanzó el 9,6% en 12 meses. Pese a la nueva bolsa de potenciales ciudadanos que podrían optar al DNI de Colau, esta política municipal ha caído en el olvido. De los últimos cinco años, la segunda mayor ciudad española ha visto como su censo se ampliaba en cuatro ejercicios, sin que ello se transforme en más demanda de la tarjeta. 

Como el de Puigdemont, sin competencias

De hecho, cuando el anterior gobierno municipal de BComú y PSC lanzó el Documento de Vecindad, la oposición alertó de que el carnet de nuevo vecino de Barcelona carecía de validez legal, como la Identidad Digital Catalana de 12 euros del CxR de Puigdemont. El PP llegó a denunciar que el DNI de Colau suponía un fraude de ley, por pretender regularizar a personas en situación ilegal puenteando la normativa de concesión de residencia por arraigo por la vía del padrón municipal. 

Sea cual fuere la versión de la oposición, no fue el único incumplimiento de BComú en materia de nueva ciudadanía. En 2016, el Ayuntamiento de Barcelona ordenó el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), situado en la Zona Franca. Esgrimió la falta de licencia. La instalación siguió operando y lo continúa haciendo a día de hoy, ajena a las declaraciones del Ejecutivo local contra su existencia.