Malestar en las redes sociales por el anuncio de un preacuerdo entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Tuiteros constitucionalistas han lamentado el aviso de otra consulta de secesión, que se sumaría a las de 2014 y 2017, ambas ilegales.
Uno de los más críticos con el principio de entente ha sido el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que, irónicamente, ha citado "el efecto Illa" en el compromiso entre independentistas. La misma línea argumental ha utilizado Izquierda en Positivo. Otros internautas han alertado de que el pacto "dejará a la policía indefensa e inoperativa", a la espera de la reacción de los sindicatos policiales a la promesa de que se retirarán las lanzaderas de foam a la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra.
A la espera de Junts
El documento acordado entre nacionalistas, y que ahora será debatido por los órganos internos de ambas formaciones, no es definitivo. Ello es así porque los dos partidos no suman mayoría para investir a Aragonès. Precisan del concurso de Junts, partido de Laura Borràs y Carles Puigdemont, que ha tensado al máximo las negociaciones.
Y el tiempo apremia. La primera sesión de investidura se celebrará el viernes, 26 de marzo. En ella, esta doble fórmula secesionista necesitaría mayoría absoluta para que Aragonès se convierta en jefe del Ejecutivo. Si no lo logra, habría segunda sesión, 48 horas después, esta vez con el umbral de la mayoría simple.
Referéndum y foam
Vea o no la luz, el acuerdo preliminar de investidura entre ERC y la CUP pone sobre el tapete varios elementos. Los dos más polémicos son la celebración de un tercer referéndum ilegal de secesión en Cataluña tras la consulta que pilotó el expresident Artur Mas en 2014 y la cita electoral que lideró el también exjefe del Ejecutivo regional Carles Puigdemont en 2017, ambas contrarias a la legalidad.
En el capítulo del orden público, la retirada de las lanzaderas de foam a la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra (los antidisturbios) es una concesión a la CUP, que había llegado a pedir la disolución de esta unidad. La exigencia de los antisistema tuvo lugar en el marco de las violentas protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél este año.