Primera reunión de la Mesa del Parlament. Y primera exclusión de los independentistas al resto de representantes de las fuerzas políticas. Laura Borràs se ha estrenado como presidenta de la Cámara catalana convocando primero a los miembros de Junts per Catalunya, ERC y CUP. De nada han servido las críticas de PSC, que tiene dos representantes en la Mesa, pues Borràs ha dicho que lo volverá a hacer. Los tres grupos que pactaron la presidencia de la Cámara, y que ahora afrontan la negociación para formar gobierno, pretenden modificar el reglamento del Parlament para evitar que Borràs sea inhabilitada cuando la Justicia decreta la apertura del juicio oral por el supuesto caso de corrupción que pesa sobre ella por fraccionar contratos.
El Tribunal Supremo, que ha instruido el caso hasta ahora, se inhibirá en breve en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada la nueva condición de diputada de Borràs. Junts per Catalunya lidera esa reforma, que ERC mira con recelo, pero también con alivio, dado que retrasaría un momento crítico para los republicanos: el de pronunciarse sobre la inhabilitación de la neoconvergente. Pero los antisistema, que siempre recelaron de la designación de Borràs, no lo ven tan claro.
Lo que dice el reglamento
El artículo 25 del reglamento, dedicado a las causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios, indica que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
Sin embargo, los independentistas buscan una reforma para que esa suspensión solo sea efectiva cuando hay sentencia firme. En este sentido se ha pronunciado la propia Borràs en las entrevistas concedidas durante el fin de semana tras tomar posesión como presidenta del Parlament.
Se da la circunstancia de que ese reglamento ya fue reformado por los independentistas para blindarse ante las causas judiciales de corrupción que afectaban a CDC, como el caso 3%.