El PP catalán ha anunciado este sábado la destitución de su vicesecretario de comunicación, Albert Fernández Saltiveri, tras la denuncia por presuntos malos tratos que ha presentado contra él su expareja, la presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) en la comunidad, Irene Pardo.
En un escueto comunicado, la formación sostiene que, tras la demanda, el Comité de Derechos y Garantías ha abierto un "expediente informativo" a Saltiveri, y ha decidido el "cese de todas sus responsabilidades orgánicas".
Denuncia por malos tratos
Un anuncio que llega después de que Vozpópuli revelase que Pardo, expareja de Saltiveri, formalizó la denuncia por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y otro de maltrato habitual este pasado lunes.
Tras ello, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, cesó a Saltiveri de su puesto de asesor del grupo popular en la Diputación de Barcelona; un cargo de libre designación.
Parte médico
Saltiveri y Pardo estuvieron casados entre 2017 y 2018. La demanda que ahora presenta la presidenta de NNGG en Cataluña contra el vicesecretario de comunicación aporta pruebas, entre las que se incluye el parte médico de una presunta agresión por la que ella acabó con una fisura en la nariz.
Cabe recordar que, a finales de enero, el secretario general del PPC, Daniel Serrano renunció a todas sus funciones en el partido tras la investigación abierta sobre él por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por supuesta agresión sexual.
Daniel Serrano, investigado por acoso sexual
"Ante los hechos que hemos conocido en las últimas horas por los medios de comunicación sobre la apertura de un procedimiento judicial que afecta a Serrano, el PP, a través del Comité de Derechos y Garantías, ha abierto un expediente informativo para aclarar toda la información al respecto", comunicó entonces el partido.
Los hechos se remontan a 2016, cuando una mujer de la misma formación política presentó una denuncia, inicialmente investigada por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona. El pasado 18 de noviembre, una vez recibido informe del fiscal sobre la competencia, el TSJC admitió a trámite las diligencias al tratarse de un diputado aforado.
"Extorsión" en campaña electoral
De momento no hay ninguna medida cautelar acordada porque ni la denunciante ni la fiscalía las han solicitado. En un breve comunicado, el propio Serrano afirmó que "los hechos son falsos y responden a una extorsión en base a un chantaje que se hace público en plena campaña para erosionar mi imagen".