Los síndicos 1-O alegan ante el juez que han sido "doblemente castigados"

La defensa de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O ha alegado ante la juez que se ha vulnerado su derecho a la libertad de conciencia y académica y que han sido "doblemente castigados", dadas las multas que ya les impuso el Tribunal Constitucional (TC) para que dejaran de ejercer su función.

Con el trámite de cuestiones previas, se ha iniciado este miércoles en el juzgado de lo penal número 11 de Barcelona el juicio contra los cinco síndicos del referéndum ilgeal del 1-O, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé y Josep Pagès, para quienes la fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel por desobediencia grave y usurpación de funciones.

Desoír al TC

El ministerio público acusa a los síndicos, a los que el Parlament nombró como árbitro electoral del 1-O, de haber desoído la orden del Constitucional de abstenerse de participar en los preparativos del referéndum.

El abogado de los síndicos, Ramon Setó, ha planteado en las cuestiones previas que sus clientes han sido objeto de una "duplicidad de procedimientos", lo que impide la Constitución Española y los convenios de Derechos Humanos, porque la Fiscalía se querelló en su contra mientras en paralelo los sancionaba el Tribunal Constitucional.

Multa de 12.000 euros diarios

Los síndicos fueron nombrados el 7 de septiembre de 2019 y cesaron en sus cargos el 26 de septiembre, dejando sin efecto los acuerdos que adoptaron, después de que el Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.

En opinión de letrado, la "gravedad" de las sanciones impuestas por el TC, que ya ha dictado sentencia firme sobre el asunto, demuestra que su finalidad era "disuasoria" y "represiva", lo que supondría un doble castigo en el caso de que acabaran condenados también por la vía penal.

Libertad de conciencia, según la defensa

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que se ha vulnerado el derecho a la libertad de conciencia y la libertad académica de los síndicos, todos ellos letrados o profesores vinculados a la formación universitaria.

Cuando fueron designados, Jordi Matas era catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de Barcelona (UB); Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016; Marta Alsina, abogada; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).