El consejero de Interior de la generalitat, Miquel Sàmper, anunció que el Govern rebajaría la petición de condena para los antisistema acusados de agredir a los Mossos d'Esquadra. Todo un gesto de complicidad con la CUP que se remonta a las protestas por las condenas del procés que, sin embargo, resulta inútil en la práctica. Los altercados violentos registrados días atrás tras las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél han puesto de manifiesto de nuevo la desprotección que sufren los agentes en las calles.

El pasado 11 de noviembre, Sàmper afirmó en la Comisión de Interior del Parlament que la Generalitat ultimaba un acuerdo para que sus servicios jurídicos dejen de acusar por atentado a los agentes de la autoridad o por desobediencia en las causas por disturbios, de forma que limitará su acción a un delito de lesiones sólo si hay mossos heridos. De este modo, según el conseller, en los casos en que los servicios jurídicos de la Generalitat hayan de actuar para defender los intereses de funcionarios de la administración catalana, como los agentes heridos en disturbios, rebajarán la petición punitiva hasta el máximo al que están autorizados: el delito de lesiones, descartando los de atentado a la autoridad y desobediencia.

En defensa de los agentes

Este anuncio lo recordaba ayer el PSC con motivo de su propuesta de moción destinada a que los ayuntamientos condenen sin matices el vandalismo urbano y defiendan a la policía autonómica.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global aseguran que esas afirmaciones de Sàmper no se ajustan a la realidad. Y explican con exactitud cómo se lleva a cabo esa asistencia jurídica de los funcionarios.

Los empleados públicos, en general, tienen derecho a la asistencia jurídica. “Lo que pasa es que cuando un funcionario pide asistencia, el abogado que se le asigna pasa a ser 'su abogado': el abogado del funcionario. Si la Generalitat quiere personarse también, como administración, puede hacerlo, con el mismo u otro abogado. Pero, además, en casos de delitos públicos, aunque ni uno y otro se personen, pero reclamen, el Ministerio Fiscal lo hace por ti”, precisa un jurista con experiencia en este tipo de procesos judiciales. 

Abogados 'habilitados'

En el caso de los mossos, los abogados de la Generalitat no defienden a los agentes. “Les defienden unos ‘habilitados’ de la Consejería de Interior. Algunos son funcionarios, otros son personal laboral, pero no abogado de la Generalitat. Por eso, muchos mossos, con todo el respeto que merecen esos profesionales, prefieren que les defiendan los abogados de sus sindicatos", afirma un letrado.

“Y, además, se ahorran el show –añade--. Ese habilitado puede ser presionado por el departamento de Interior para que module la acusación, o incluso la retire, que es lo que dijo el conseller. Sin embargo, a un abogado de sindicato no puedes decirle nada. Con lo cual, si la Generalitat quiere reducir la petición de pena, se puede encontrar con el caso de que el abogado del mosso acuse, el fiscal acuse, y la Generalitat personada como administración, haga el ridículo, pidiendo menos pena o retirándola”.

Gesto de cara a la galería

Este abogado ha llevado varios casos de contra los antisistema. “El mecanismo es idéntico. Por ejemplo, un funcionario amenazado o agredido que pide asistencia. Se le asigna un abogado, se completa la instrucción, y, normalmente, si la petición de pena para el agresor es elevada, entran en liza letrados conocidos, como Benet Salellas (exdiputado de la CUP). Y ahí, incluso, el Govern ha intentado forzar que se retirara la acusación, pero el problema que tienen es que el funcionario siempre puede renunciar a la defensa del abogado de la Generalitat, buscarse uno de un sindicato o que el Fiscal acuse y reclame en su nombre”. 

Por eso, concluye el jurista, “el consejero dice eso de cara a la galería, pero es inútil”.