El Ayuntamiento de Barcelona recurre a la seguridad privada contra los okupas. El gobierno municipal que pilota la alcaldesa Ada Colau, que ha arropado a intrusos en algunos allanamientos, tendrá que contratar a vigilantes para custodiar recintos municipales.
Lo anuncia el propio ejecutivo local de Barcelona en su contratación con número 21000168, relativa al control de intrusiones de la antigua fábrica La Escocesa, situada en el distrito de Sant Martí [ver expediente aquí]. Según el dosier de contratación, el gobierno de distrito tiene que echar mano de la seguridad privada para evitar que los okupas irrumpan y se atrincheren en el recinto fabril.
Falta de efectivos de la Guardia Urbana
¿Qué justifica la vigilancia? "La Guardia Urbana de Barcelona no puede disponer de efectivos que estén controlando exhaustivamente la finca", admite el ayuntamiento.
Eso sí, el cuerpo municipal de seguridad será el encargado de echar a los intrusos antes incluso de que se queden con las posibles naves allanadas. "Se avisará a la Guardia Urbana para desalojos en plazo antes de consolidar ocupaciones", agrega el contratante en el expediente de contratación.
Barcelona, capital de las okupaciones en España
La protección de La Escocesa, un antiguo recinto fabril que el ayuntamiento compró en 2017 y transformó en ateneo de creación cultural, nace también de los datos que el gobierno de Ada Colau pone en cuestión. Barcelona es la capital de la okupación en España, según datos del Gobierno que avanzó Metrópoli Abierta en 2020.
El año anterior, el último disponible, la provincia de Barcelona presentaba 5.101 inmuebles allanados, por 1.441 la Comunidad de Madrid. Entre enero y junio de 2020, las tomas a la fuerza de edificios totalizaron 2.644 en el primer territorio, 208 más que 12 meses atrás. Por el contrario, en la capital se estabilizaron las okupaciones al alza con 726 allanamientos hasta el sexto mes del año, por 657 el primer semestre de 2019.
Contra los privados sí
La contratación de seguridad privada en Barcelona para proteger edificios municipales no tendría mayor enjundia salvo por un extremo: el ayuntamiento sí justifica algunas okupaciones cuando el activo es de un privado. Ha sucedido así en la antigua Casa Buenos Aires de Vallvidrera, okupada y que expropiará el gobierno de Ada Colau tras frustrar un proyecto hotelero. El caso ha acabado ante la justicia, con la teniente de alcalde de Urbanismo imputada.
En los activos residenciales, el ejecutivo local arropó a los intrusos del autodenominado Bloc Llavors, un bloque tomado a la fuerza en la calle Lleida de Poble-sec que sobrevivió a tres intentos de desalojo. Su dueño, Vauras Investment, denunció al ayuntamiento por ocho delitos al considerar que tenía connivencia con los squatters. Su acción penal, no obstante, acabó sobreseída.