El Govern ha reaccionado a la inhabilitación del consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, tachándola de vengativa. “Solo se entiende desde el prisma de esos que buscan venganza por haber hecho un referéndum que nos llena de orgullo”, ha asegurado Pere Aragonès, president en funciones en una comparecencia solemne ante los medios. Se ha rodeado del grueso de su equipo, aunque no ha aceptado preguntas de la prensa. 

El cabeza de lista de ERC ha acusado a la justicia de convertir a Solé en una “víctima” de la “causa general hacia el independentismo”. El consejero encargado de organizar las próximas elecciones catalanas ha sido hoy inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en la votación del 1 de octubre de 2017 durante un año. La condena no es firme, le permite seguir en el Ejecutivo catalán ya que cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los republicanos ya han anunciado que lo harán. 

Primer alcalde condenado

El también vicepresidente en funciones de presidente ha definido la jornada de este miércoles como “un día muy triste para todos los ciudadanos con fuertes convicciones democráticas”. “Se condena a los más de dos millones de ciudadanos que ejercimos nuestro derecho de voto en el 1 de octubre”, ha insistido.

Por otro lado, Argonès ha recordado que “la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas” catalanes colaboraron con la convocatoria del 1-O para que se pudiera votar en sus municipios. Solé “es el primer alcalde condenado por su compromiso con sus vecinos, por situarse del lado de la democracia”. La condena del TSJC también sentaría un precedente para los próximos ediles, hecho que comprometería la fuerza territorial del independentismo y aceleraría ciertos relevos durante la inhabilitación. 

Lo volvería a hacer

En su breve intervención, el consejero afectado no se ha mostrado arrepentido ante los hechos que le han costado la inhabilitación. “Volvería a estar del lado del pueblo”, ha dicho, y ha apuntado que ese era su “deber democrático”.

Solé ha querido enviar su apoyo “a los cientos de alcaldes y alcaldesas que aún tienen causas judiciales abiertas”. “La única solución”, ha afirmado, “pasa por una ley de amnistía” que, por ahora, no tiene demasiados apoyos para prosperar. 

Elecciones en febrero

El Govern también ha cargado contra el TSJC por mantener las dudas sobre cuándo se votará en Cataluña. Según la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó (JxCat), los magistrados son los responsables de “poner en riesgo” a la ciudadanía catalana “no solo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral”. Una situación que desde la Generalitat consideran una “irresponsabilidad”. En ningún momento se ha hecho una mínima autocrítica con la situación actual. 

Para Aragonès, mantener la fecha del 14F “genera un perjuicio a la ciudadanía” y una “incertidumbre” que “afecta a la campaña”. El president en funciones cree que la anulación --por ahora, no definitiva-- del decreto de suspensión electoral que aprobó su gobierno vuelve a “condicionar la política y dejarla en manos de la justicia”.