PSC-Units ha solicitado un informe jurídico a los letrados del Parlament sobre las funciones de la Diputación Permanente. El objetivo es determinar la capacidad que tiene este órgano, que funciona cuando la Cámara está disuelta, para ejercer el control del Govern en un escenario en el que sus funciones se alargarán en el tiempo.
Los socialistas han solicitado este dictamen jurídico tras la publicación del decreto 1/2021 que deja sin efecto la celebración de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero a causa de la crisis sanitaria derivada del Covid. La suspensión electoral no incluye otra fecha en firme de los comicios.
Recursos ante el TSJC
La suspensión de los comicios ha sido objeto de varios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La nueva fecha que contempla el decreto, 30 de mayo, prolonga la provisionalidad de un Govern cuyos socios se disputan el voto independentista, mientras que el Parlament apenas puede ejercer su derecho a controlar la acción de gobierno, más allá de las reuniones de la Diputación Permanente, órgano con competencias reducidas.
En un intento de demostrar transparencia y acallar las críticas a esa interinidad, tanto el presidente en funciones Pere Aragonès como el presidente del Parlament, Roger Torrent, ambos de ERC, apelaron a ese órgano. No sin antes, en el caso de Torrent, de pedir a los socialistas que no recurran el aplazamiento. Por ahora, esta cuestión está en el aire.
El anuncio del PSC ha llegado minutos antes de que el Alto Tribunal catalán aceptase las primeras medidas cautelarísimas que se les había solicitado, las de un abogado particular. Los magistrados las han aceptado y, por el momento, Cataluña irá a votar el próximo 14F.