La decisión de aplazar las elecciones del 14 de febrero ha provocado una guerra interna en Junts per Catalunya (JxCat), pues el nuevo calendario no garantiza que la lista de Carles Puigdemont despegue, sino que, además, peligra la candidatura de Laura Borràs, dado que en las próximas semanas, podría ser inhabilitada en base a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo.
Eso daría luz verde a Joan Canadell como presidenciable, pues como se sabe, que Puigdemont sea el número uno es meramente simbólico. El polémico Canadell, colocado como número tres de la candidatura en base a unas diabólicas primarias que dieron paso a outsiders difíciles de controlar, ejemplifica en estos momentos las contradicciones ideológicas --¿partido de izquierdas con un ultraliberal al frente?-- que arrastra la pretendida transversalidad de JxCat.
Rechazo al aplazamiento
De hecho, en vísperas de la decisión final sobre la fecha ¿definitiva? de los comicios –el decreto deja abierta la posibilidad de un nuevo aplazamiento--, dirigentes de JxCat se pronunciaron abiertamente a favor del 14F. La propia Borràs recordó que países como Portugal, “que tienen un confinamiento más severo que en Cataluña y celebrarán elecciones”. Sobre Borràs pende una posible inhabilitación, ya que el Tribunal Supremo la investiga por supuesta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación por fraccionar contratos. De ahí las prisas de la candidata por celebrar los comicios.
El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, dijo que “no hay ninguna razón sanitaria para privar a nadie de un derecho esencial como el voto” y cree necesario “hacer todo lo posible” para garantizar que todo el mundo pueda votar. Y el controvertido Canadell escribió un tuit, que posteriormente borró, en el que avisaba de que "si no hacemos las elecciones el 14F, pero al mismo tiempo Madrid tiene los restaurantes abiertos y hacen vida normal, deberemos pensar muy bien qué derechos priorizamos como país".
Los culpables
El viernes, el vicepresidente Pere Aragonès y la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, comparecieron para explicar los motivos, supuestamente sanitarios, para aplazar la fecha hasta el 30 de mayo. Según aseguran fuentes soberanistas, “Borràs tiene miedo a que, en mayo, ya esté inhabilitada y no ser candidata. Esta enfadadísima”.
En el partido se buscan culpables. Y las iras del entorno de la política van dirigidas a sus representantes en el Govern, Budó y el consejero de Empresa, Ramon Tremosa, a quienes acusan de haber sido blandos ante los argumentos sanitarios esgrimidos por la Consejería de Salud, dirigida por ERC. No es ajeno a esas disputas el hecho de que Borràs siempre contó con el apoyo de Quim Torra –que intentó nombrarla consellera en cap--, mientras que Puigdemont ungió como favorito a Canadell. El pulso continúa.
Embrollo jurídico
ERC, por otra parte, también se ha debatido entre los dictámenes de los expertos y el deseo de celebrar elecciones en una fecha próxima, ya que los republicanos, que partían como ganadores en los sondeos, han perdido fuelle, mientras JxCat le pisa los talones –otro motivo para los neoconvergentes para evitar el aplazamiento-- y PSC amenaza con el sorpasso.
Tras la firma del decreto, se abre una situación jurídica complicada si el PSC decide presentar recurso, como ahora estudia.