El cambio de titular del juzgado instructor y la pandemia han supuesto un parón en la investigación de un supuesto fraude en la gestión del agua por el que están imputados el alcalde de Vidreres (Girona), Jordi Camps (Junts per Catalunya), y el empresario Marc Mallart. Sin embargo, la juez Maria Pilar Lao, que lleva un mes al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners, ha reactivado el caso y ha citado para el próximo 10 de febrero a dos testigos.
Lo hace en una providencia, a la que ha tenido acceso Crónica Global, en la que reprocha al alcalde Camps que todavía no haya enviado al juzgado la documentación solicitada, por lo que ordena librar un oficio recordatorio del cumplimiento de esta petición.
Las diligencias, abiertas a 2017, parten de una querella de la Asociación de Defensa de las personas Consumidoras de la Selva contra Camps y Mallart por los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes.
Investigación de la Guardia Civil
Tal como informó este medio, los hechos narrados por la citada asociación, que fueron investigados por la Guardia Civil de Girona, aluden a una serie de “irregularidades que desde hace tiempo vienen llevando a cabo, en el municipio de Vidreres, el señor Marc Mallart a través de diversas sociedades de las que ostenta el control, en la gestión del servicio de suministro de agua potable en diversos municipios de la Selva, junto al alcalde de esta localidad”.
Aluden a un “entramado societario ideado para llevar a cabo conductas ilegales”. Estaría compuesto por Rec Madral Companyia d’Aigües SA, Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües SA, Corporació Riera Cabanyes SL, Corporació Rec Madral SL, Empowerment SL, Master Llagostera SL y Technologic Camps Solutions SL.
Sin permiso para captar el agua
Las urbanizaciones La Goba, Aiguaviva Parc, Puig Ventós y Terrafortuna pagan el servicio a las empresas incluidas en la querella, que gestionan el agua procedente de cuatro pozos situados en Vidreres y diez ubicados en Llagostera. Los querellantes aseguran que Mallart no tiene autorización para realizar la captación del agua. Remiten a un certificado de la Agencia Catalana del Agua (ACA) del 25 de mayo de 2016, que declaró la ilegalidad de la captación. Esa “captación irregular” se lleva a cabo “con el consentimiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vidreres”.
Ayuntamiento de Vidreres (Girona) cuyo alcalde, Jordi Camps, preside el ente de la Diputación de Girona que recauda tributos de la Generalitat y es investigado por malversación / VIDRERES.CAT
“El grupo Mallart, de forma deliberada y continuada, no paga desde hace años, al Ayuntamiento de Vidreres el agua que le proporciona. En cambio sí cobra los recibos de agua de los usuarios finales de las urbanizaciones”.
El alcalde niega trato de favor
Tanto Camps como Mallart declararon en enero de 2019 en el juzgado. El alcalde, que negó haber tenido trato de favor con Mallart, es administrador de la mercantil Tecnologit Camps Solution SL, con el mismo domicilio social que la empresa Rec Madral. Preguntado por ello, aseguró que se trata de una dirección "donde se registraban multitud de empresas, incluso una mercantil que depende del Ministerio del Interior". Afirmó que "es una coincidencia que la sociedad Rec Madral tuviera el mismo domicilio social que la mercantil" del declarante, quien "inscribió su empresa en mayo de 2011, el cambio de domicilio fue en 2016 y en septiembre de 2016 se disolvió".
Parte de la declaración del alcalde de Vidreres ante la juez
Insistió en que no ha perdonado facturas a las empresas y que "no ha dictado ninguna resolución arbitraria o injusta sobre este asunto". Al respecto, en el último pleno municipal celebrado en Vidreres, el primer edil cifró la deuda “que se va pagando” en unos 500.000 euros, aunque los querellantes la elevan a 700.000.
Asimismo, un informe del Consejo Comarcal de la Selva afirma que Mallart tenía una “deuda colosal” con la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Parte del informe del Consejo Comarcal de la Selva sobre el caso del agua de Vidreres (Girona)
En la citada providencia, la juez reclama al Consistorio de Vidreres el inventario de bienes afectado al servicio de agua de las urbanizaciones Puigventós, Terrafortuna, Aiguaviva Park y Fase I y II del Polígono Industrial de Vidreres.