El abogado Gonzalo Boye ha sido procesado este viernes por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial continuada, cometidos junto a otros dos letrados en el seno de la organización de narcotraficantes de Sito Miñanco, que fue su cliente.

La juez ha impuesto a Boye una fianza de 900.000 euros y le ha citado a declarar el próximo 4 de enero. El abogado tiene como clientes en la actualidad a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, el exterrorista de ETA Josu Ternera y el rapero Valtònyc, entre otros.

Entramado criminal

El auto de procesamiento afecta también a otras 45 personas, entre ellas José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, además de cinco personas jurídicas.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado auto de procesamiento en la causa donde se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

900.000 euros de fianza

La resolución impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos, y que ascienden a 131,5 millones de euros en el caso de Sito Miñanco y otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño para la salud.

En el caso de Boye, la juez le impone una fianza de 900.000 euros.

Delitos de extrema gravedad

Aparte de este delito, que podría haber sido cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad, Tardón atribuye a los investigados, según el caso, blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.

Por dos delitos de homicidio en grado de tentativa ha sido procesado Manuel Pedro González, tirador profesional, junto con otro de atentado a agentes de la autoridad y lesiones, dado que cuando iba a ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos y, según el auto de la magistrada, "únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba".

Investigación desde 2016

La investigación se remonta a 2016, cuando el narco Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años de prisión en Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba del tercer grado, lo que le permitía trabajar.

La actividad de este último seguía siendo, según la jueza, la introducción y distribución de droga en el país y mantenía tanto el contacto con suministradores de Sudamérica como la infraestructura, "un bien nutrido grupo de individuos", con experiencia y dispuestos a participar en estas operaciones, "ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad".

Miñanco era, de acuerdo con la tesis de la magistrada, quien dirigía el entramado criminal, con gente de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández, también condenados por narcotráfico.

Traficantes de cocaína

A raíz de esta investigación, se han identificado dos operaciones con las que pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España: las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre de ese año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Pero aparte de éstas, según la jueza, Prado Bugallo mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga hasta que fue detenido.

En su auto, de 72 páginas, la magistrada explica la estructura societaria atribuida a Sito Miñanco, con propiedades a nombre de terceros donde "el único titular real y efectivo" era él.

La presunta participación de Boye

Además de sus mercantiles, la organización utilizaba empresas de terceros que le prestaban sus servicios, aunque también había una tercera vía para ocultar los beneficios de la droga: a través de los transportes realizados por los propios miembros del clan o por otros coordinados por uno de los procesados para ocultar las ganancias en Colombia mediante correos humanos.

La participación de los abogados procesados en los hechos --Gonzalo Boye, Jesús Morán y Alejandro Guerra-- se centraría en el presunto blanqueo del dinero, según el auto, que se remite a una de las operaciones realizadas por los correos que Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia y que fue interceptada por la Policía.

Operaciones simuladas

El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

En la estrategia para acceder al dinero incautado, los abogados, según la jueza, confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias "con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".

El auto recuerda que por estos hechos, en octubre de 2017 la Secretaría General del Tesoro impuso a González Rubio y a cada uno de los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.