El 97% de los colegios catalanes incumple la obligatoriedad de impartir un 25% en español

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano confirma el trato residual que esta lengua --oficial y mayoritaria en Cataluña-- recibe en el sistema escolar catalán.

El tribunal catalán llega a esta conclusión después de analizar los datos aportados por la propia Consejería de Educación, y que revelan que el 97,3% de los centros educativos incumplen la obligación de ofrecer, por lo menos, una cuarta parte de las materias en español incluyendo una asignatura troncal o similar.

184 centros analizados

En su sentencia, el TSJC señala que, “de acuerdo con la información aportada por el Departamento [de Educación] [...], la muestra analizada pone de manifiesto que la media de horas de utilización del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la educación primaria, del 19% en los centros de educación secundaria obligatoria y del 26% en el caso del bachillerato”. Unas cifras que incluyen el tiempo atribuido a la asignatura de lengua española.

“Además, solo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en lengua castellana un 25% de las áreas o materias, de las cuales al menos una es troncal además de la enseñanza del castellano, en todos los centros o grupos. Concretamente, cumplen este estándar un 2% de los centros de educación primaria y un 12% de los centros de bachillerato”, añade el tribunal.

“Uso residual”

Con esa información, el TSJC considera que “de la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza es residual, o al menos es así en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente”.

Ese marco --basado en la doctrina constitucional-- establece que el español ha de ser lengua vehicular de la enseñanza con un “nivel mínimo de utilización”. Y “esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial ha de incluir íntegramente al menos el de otro área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.

La Generalitat, reticente a colaborar

Cabe destacar que la sentencia también destaca la falta de colaboración por parte de la Generalitat con el TSJC. “Por lo que se refiere a la situación material del uso vehicular de una y otra lengua oficial en el servicio de educación, se requirió en su momento al Departamento de Enseñanza para que aportara los datos correspondientes, resultando que manifestó que no disponía de esta información ni podía obtenerla sin un esfuerzo desproporcionado”, alerta el tribunal.

Y añade que, “dada la situación, se requirió un muestreo al efecto, considerando que lo relevante no es tanto la situación exacta sino el estado de la cuestión a los efectos del objeto del recurso, que es comprobar la inactividad de la administración demandada”.

Muestra cuestionada

Sin embargo, y a pesar de los datos que revelan el uso residual del español en la educación, el muestreo escogido por la Generalitat genera dudas razonables, toda vez que no se indica el método ni la ponderación territorial utilizado.

En este sentido, un reciente estudio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) tras analizar 2.214 proyectos lingüísticos --43 de escuelas infantiles, 1.626 de centros de infantil y primaria, 524 de secundaria y bachillerato, y 21 de centros especiales-- concluía que en ningún caso se cumplía la obligatoriedad de impartir el 25% del horario lectivo en castellano durante todo el curso incluyendo una asignatura troncal.