El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado que las escuelas de Cataluña deben impartir en castellano un mínimo del 25% de las clases, algo que no ocurre en la mayoría de los casos. Y, tras ello, el Departamento de Educación enseña las uñas: "Recurriremos la resolución al Supremo". En todo caso, la consejería, que está en manos de ERC, anuncia su victoria con antelación, dado que se apoya en la ley Celaá, que no citará al castellano como lengua vehicular.
El Departamento de Educación ha reaccionado en Twitter a la decisión del TSJC, y ha denunciado, para empezar, que la resolución judicial "ha llegado antes a los medios" que a la consejería. Añade que esta decisión "pretende regular la política educativa, cuando es competencia del Parlament". Por ello, la Generalitat recurrirá. "A pesar de todo, la Lomloe, cuando entre en vigor, la dejará sin efecto".
También en Twitter ha reaccionado el consejero de Educación, el republicano Josep Bargalló, quien ha sacado pecho de que la resolución del TSJC quedará en papel mojado: "Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley [la Lomloe o ley Celaá], los hay que pretenden volver al pasado. La política educativa en Cataluña (ni en ningún lugar) no la hacen los jueces. Una resolución que saben que no tendrá ningún efecto ni consecuencia.