El consejero Solé se desmarca de la organización del referéndum

El consejero de Acción Exterior, Transparencia y Relaciones Institucionales, Bernat Solé, ha negado cualquier tipo de participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 cuando era alcalde de Agramunt (Lleida). Ni escondió las urnas ni promocionó la votación, ha dicho en el juicio celebrado en la sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Su presencia en la escuela donde tuvo lugar la consulta, ha precisado, se debió a su condición de máximo responsable de seguridad como primer edil.

Solé (ERC) está acusado de desobediencia a la autoridad judicial. Según el fiscal, el acusado, que entonces era alcalde de Agramunt (Lleida), "pese a tener clara la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC)", promocionó y permitió la celebración del referéndum del 1-O de 2017, utilizando para ello la escuela de la población.

El fiscal pide la pena de un año y seis meses de multa, y un año y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público. La defensa del consejero pide la absolución pues alega que Solé no promovió ninguna actuación para facilitar la votación tras la resolución del TC, solo manifestaciones en favor del derecho a la autodeterminación. La defensa ha pedido que se concrete el alcance de la inhabilitación especial, ya que el político es profesor. El fiscal ha concretado que la condena no alcanzaría en todo caso el ejercicio de esa profesión.

Solé ha negado los hechos narrados por el ministerio público, quien le ha descrito como participante activo, que incluso llegó a esconder las urnas para impedir su incautación de las papeletas de votación por parte de la policía.

"Solo opiniones"

“Yo solo expresé mi opinión como hubiera hecho a cualquier medio de comunicación. Dije que si se celebraba el referéndum, en cualquier caso se debería votar, el ciudadano debe ejercerlo porque nos ha costado mucho el derecho al voto”, ha dicho en referencia a las declaraciones públicas aparecidas en la prensa. En este sentido, ha dicho que "lo publicado no se correspondía exactamente con la realidad".

Ha precisado que la gestión del colegio es de titularidad municipal, pero la gestión es del Govern. “El día del referéndum mi actuación fue la que corresponde al alcalde como máximo responsable de seguridad”, ha dicho el consejero, en referencia a su presencia en el colegio tras recibir una llamada en la que advertía de altercados.

"No tuve ningún papel logístico, en ningún momento dije que se escondieran las urnas. Dije que no era oportuno esconderlas en un falso techo del colegio por la integridad del edificio. A partir de aquí, no sé quienes eran los organizadores”, ha declarado Solé.

Decreto de alcaldía

En respuesta a la defensa, el acusado se ha referido a un decreto de alcaldía de apoyo al referéndum, como se suele hacer cuando se aprueba una resolución en el Parlament, “los alcaldes de Cataluña firmaron un texto genérico. “En ningún momento se hace referencia a la organización del referéndum”, ha dicho. Ha precisado que nunca ha firmado un decreto de cesión de la escuela para su uso en las elecciones celebradas en Cataluña porque, dice, no compete al alcalde.

En el turno de los testigos, Joan Puig, autor de la publicación citada, ha declarado que su escrito adolecía de algunas incorrecciones, en la línea de lo asegurado por la defensa. Por su parte, Joan Pijoan y Francesc Farràs, dos jubilados de Agramunt que colaboraron en la celebración del referéndum, han negado que el acusado tuviera un papel activo en el mismo.

El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones sobre los hechos, al considerar probado que el acusado conocía las resoluciones del TC sobre la prohibición de la consulta y que adoptó las medidas adecuadas para “que no le pillaran”, una estrategia “que siguieron otros alcaldes”. El juicio ha quedado visto para sentencia.