España necesita inmigrantes para crecer, ¿quién asume el coste social?

A los gobiernos españoles, del color que sea, les ha gustado repetir una frase: la mayor parte de los puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea se generan en España. Eso ha sido así en todas las etapas de crecimiento: entre 1994 y 2017, el 45% del empleo generado se creó en España, como apunta el economista Josep Oliver. ¿Pero qué significa? El crecimiento de los últimos años se explica por el aumento del empleo, pero no por la productividad. Y eso se consigue con inmigrantes. Al margen de que --y no es problema menor-- la convergencia con los países de la UE se ha alejado por esa menor productividad, la necesidad de contar con inmigrantes supone un coste social que nadie quiere afrontar. Lo ha señalado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al pedir más competencias para los municipios, mientras que Pablo Casado, a su lado, reclama un pacto de Estado. ¿Pero en qué dirección?

Trabajadores migrantes en España, una importante fuerza laboral en el campo / FRANCE 24 EN ESPAÑOL

Los sindicatos reclaman que se pueda establecer algún acuerdo a partir del Pacto de Toledo, pero son conscientes de que será necesario algo mucho más profundo. Fuentes sindicales señalan que ha llegado el momento de abandonar dos posiciones: la propia de la izquierda en los últimos decenios --de una parte de esa izquierda, la más activista-- que pedía “papeles para todos”, y la posición dura de los que inciden en la Ley de Extranjería como respuesta y en la exigencia de expulsar a los inmigrantes que no estén legalizados. En este lado está Vox, que quiere aprovechar el momento, y que sabe que el malestar es creciente en barrios de grandes ciudades y en ciudades medias y de interior, donde la inmigración ya se percibe como una amenaza. “Se debe abandonar la doble demagogia, la de legalizar a todos los que ya están aquí, y la que pide echarlos del país. Y eso exigirá un pacto de Estado y mucha pedagogía, porque lo que está claro es que necesitamos a los inmigrantes”, señalan las mismas fuentes sindicales.

Más inmigrantes en el horizonte de 2031

Los economistas miran los números del INE y tienen claro, tras la experiencia acumulada, que sin inmigrantes y con el modelo productivo de España, no habrá crecimiento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en la próxima década habrá un saldo neto de 250.000 inmigrantes anuales, con unas entradas de 650.000 personas y unas salidas de 400.000.

Es un reto que los gobernantes no quieren asumir, por ahora. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a interiorizar lo que puede suponer ese coste social, tras la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, y con la necesidad ahora de distribuirlos con vuelos a Granada y Valencia. Al margen de que la pandemia del Covid-19 ha centralizado todos los esfuerzos del Ejecutivo, la cuestión de la inmigración vuelve a ocupar el primer plano, con críticas contundentes por parte de la oposición.

Los jóvenes trabajadores pierden peso demográfico

El economista Josep Oliver insiste en que se debe mirar “de frente” porque, y debido a la crisis que ha provocado la pandemia, cambiar el modelo será imposible a corto y medio plazo. Es decir, para salir más rápido de la crisis, España ahondará en su sistema productivo, y seguirá tirando de la inmigración.

Pero eso supondrá un mayor gasto social en barrios, precisamente, de ciudades como Badalona. Los porcentajes que muestra el INE son elocuentes. El 14% de la población de más de 16 años no ha nacido en España. Y, en relación a los ocupados, ese porcentaje llega al 17%. En el caso de Cataluña, esos números ascienden al 18% y 20%. Y si se mira a las generaciones entre 30 y 40 años, en Cataluña, en torno al 28% no han nacido en España.

Lo más importante es ver qué pasa con determinados colectivos, y la proyección que debemos hacer en las próximas décadas. El grupo de los que tienen entre 30 y 44 años, que son cerca de 11 millones de personas, perderá un 19% en el horizonte de 2031. En Cataluña sería algo mejor, y el grupo perderá un 11%, es decir, 200.000 menos que los 1,8 millones de 2018-2019. ¿Cómo se compensan esas pérdidas? Con la llegada de unos tres millones de inmigrantes de aquí a 2031.

Las élites y las clases populares

La necesidad es una evidencia. El pacto de Estado que reclaman los sindicatos lo ofreció este viernes el líder del PP, Pablo Casado, pero con el acento en la Ley de Extranjería y con la voluntad de erosionar al Gobierno. No dudó Casado en viajar rápidamente a Badalona tras la pérdida de vidas de inmigrantes ilegales que ha supuesto el incendio en una nave industrial okupada.

El investigador principal del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, señala que en el actual proceso de globalización, pese a que pueda perder algo de fuerza con la pandemia, todos los países europeos experimentarán una partida dolorosa entre “ganadores y perdedores”. No son las élites de los respectivos países de la Unión Europea, sino las clases populares las que se verán interpeladas por esa inmigración. Para Otero, el reto es para esa élite empresarial y política, que debe “compensar a la población menos preparada si no quiere un crecimiento de la antiinmigración”; con movimientos que pueden crecer, como es el caso de Vox, y que arrastra, a su vez, a partidos centrales del sistema democrático, como es el caso del PP en España.

¿Culpa del Gobierno central?

Las élites autonómicas, sin embargo, ya se han quitado el problema de encima. El consejero de Trabajo de la Generalitat, Chakir El Homrani, considera que el problema lo debe resolver el Gobierno central con la modificación de la Ley de Extranjería. Y distintos dirigentes y líderes de opinión de ERC, el partido del consejero, se han decantado por esa línea tras la tragedia de Badalona, que repiten sin cesar. El problema, para el consejero, es que a los jóvenes de 18 o 20 años no se les ofrece un contrato laboral más allá de un año. Y esa es una condición necesaria, recuerda, para pasar de un permiso de residencia a uno de trabajo.

Lo que está en juego es un cambio drástico en la política inmigratoria del Gobierno de España. El economista Gonzalo Bernardos señala que se trata de “fijar el número que necesitamos anualmente, los países de donde provendrán y las zonas en las que prioritariamente deberían instalar su residencia”. Y ello supone, a su juicio, una oportunidad para una buena parte de España con una densidad de población muy pequeña, la llamada España vaciada.

Sánchez, del 'Aquarius' al choque de Canarias

En todo caso, eso suscita dudas. Las mismas fuentes sindicales apuntan a que la llamada contratación en origen o la elección de determinados perfiles profesionales no evita la llegada de inmigrantes en gran número. Ocurre en buena parte de la Europa meridional. Y eso es fruto, también, del propio modelo productivo que se ha instalado. Es un pez que se muerde la cola. España se ve inmersa en una especie de “adicción” al modelo de bajo valor añadido, y eso atrae a mano de obra inmigrante, insiste Josep Oliver.

El choque lo puede comprobar de forma muy rápida el Gobierno, con esa distribución de los inmigrantes de Canarias en diversas comunidades autónomas. Sánchez ha pasado en muy poco tiempo de ofrecer la acogida en Valencia como “puerto seguro” para el barco Aquarius, en 2018, a intentar parar el golpe de Canarias con vuelos “solidarios”, como los ha denominado, que pueden generar un gran malestar social.

Sin que nadie juegue con mucha fe en ese pacto de Estado, las distintas circunstancias podrían llevar a que se produzca para impedir a corto y medio plazo un “estadillo social”, como admiten los mismos sindicatos consultados.