El Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa es la común Ada Colau, pide al propietario de una finca que extienda contratos de alquiler a los okupas que viven en sus pisos desde febrero del 2019. Defiende el consistorio que se trata de cuatro familias en situación de vulnerabilidad, y que será algo pasajero hasta encontrar una solución.
Marc Serra, concejal del distrito de Sants-Montjuïc, ha enviado una carta a la propiedad en la que le ofrece "todas las garantías para la formalización y el cobro de alquileres" con base en "lo que establece el índice de referencia de precios de alquiler". El edificio se encuentra en la calle Gayarre, y hay una orden de desahucio con fecha abierta del 7 al 22 de diciembre.
En busca de un piso público
Tres de las cuatro familias okupas incluyen menores de edad, y la cuarta es una mujer con el 60% de discapacidad diagnosticada. Todas ellas han acreditado que se encuentran en situación de vulnerabilidad y han manifestado su voluntad de pagar un alquiler.
En la carta, Serra recuerda que en los últimos meses el ayuntamiento ha trabajado y acompañado a las cuatro familias para que puedan conseguir una solución habitacional y que actualmente se están tramitando las solicitudes en la mesa de emergencia social para que puedan beneficiarse de un piso público en régimen de alquiler social, una de las cuales ya ha sido aceptada.