Primer mazazo a Tremosa en el Parlament: tumban su decreto ley sobre la ITV

El pleno del Parlament votará en contra esta tarde del decreto ley sobre la habilitación transitoria y extraordinaria para continuar la prestación del servicio de inspección técnica de vehículo (ITV). Solo Junts per Catalunya y ERC, los socios del Govern, apoyarán esta norma que, a juicio de los grupos de la oposición, no da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo ni a las directrices de la Unión Europea, y mantiene el monopolio actual.

El Departamento de Empresa y Conocimiento, dirigido por Ramon Tremosa, amplió la validez de las concesiones para prestar el servicio de las ITV debido el estado de alarma. La consejería justifica esa medida en la conflictividad jurídica generada. "Se requiere una intervención normativa inmediata, de rango legal, que garantice la continuidad, con carácter excepcional y transitorio, de la prestación del servicio ITV por los operadores que prestan el servicio" en tanto "no se defina un nuevo marco jurídico, con la aprobación del Parlament de una ley que regule el servicio de interés general". En la exposición de motivos del decreto ley, el Govern alega que ninguno de los pronunciamientos jurisdiccionales sobre el régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos ha cuestionado los requisitos técnicos de los operadores actuales.

Monopolio

Según el diputado de PSC-Units, Jordi Terrades, “hace más de cuatro años el Govern se comprometió a presentar una ley que diese cumplimiento a las sentencias del tribunal de la Comisión Europea y las del Tribunal Supremo, que anularon las concesiones”. Con este decreto, añade, “la Generalitat no viene a decir que el modelo ya le va bien y patada hacia delante, pretendiendo que todos los grupos seamos partícipes”. Terradas afea a Tremosa que no introduzca “más competencia, que siempre es beneficiosa a los consumidores. De hecho el decreto beneficia a la actual situación de monopolio. Hay que presentar una nueva ley ya que ordene y regule de nuevo este sector a la luz de la directiva europea”.

El socialista recuerda el caso de las ITV, por el que el exdirigente de CDC Oriol Pujol fue condenado por cobrar comisiones y utilizar su influencia política para adjudicar es servicio.