La Audiencia de Tarragona ha dictado el sobreseimiento de la causa abierta por un delito de odio al alcalde de Reus, el posconvergente Carles Pellicer, y a cuatro concejales que, en el contexto del 1 de octubre de 2107, firmaron un manifiesto contra los agentes antidisturbios.
Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la sala dicta el sobreseimiento para Pellicer (de Junts per Reus) y a los cuatro concejales que, por aquel entonces, eran portavoces de sus respectivos grupos municipales.
Se trata de la concejala republicana y actual presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; Montse Vidiella (Junts per Reus), Jordi Cervera (Ara Reus) --todos ellos actualmente en el equipo de gobierno municipal--, y la edil de la CUP, ya retirada de la vida política municipal, Mariona Quadrada.
Contra las fuerzas del orden
Los cinco habían firmado un manifiesto el 3 de octubre, dos días después del referéndum ilegal de secesión, en el que condenaban la violencia policial y pedían la retirada de los antidisturbios enviados a Cataluña.
El Hotel Gaudí de Reus alojaba entonces a alrededor de un centenar de antidisturbios y los políticos pedían en el manifiesto que se fueran de la localidad y, además, instaban al resto de establecimientos a que no les dieran alojamiento.
Las razones del juez
La denuncia por estos hechos la presentó la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía por un delito de odio, pero el juez cita "numerosas resoluciones" conforme "los policías o funcionarios públicos, al no ser grupos vulnerables" no pueden "incardinarse en los delitos de odio".
El juez abunda en que la libertad de expresión también protege a las ideas "que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática".
"Pluralismo político"
También subraya que "el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico, la libertad ideológica, la libertad de expresión y de reunión y manifestación son derechos fundamentales".
Además de la jurisprudencia, el juez tiene en cuenta la declaración del jefe del operativo policial, que, "como policía, no se sintió hostigado".
Varios agentes y los empleados del hotel también declararon que los policías "se marcharon del hotel el día que finalizó la reserva" y uno de los antidisturbios declaró, además, que "se fueron del hotel porque no había plazas, no por las presiones".