El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto por el que los desahucios quedan suspendidos durante el estado de alarma. Se trata de la ley 37/2020 del Govern, que pretende prohibir la ejecución de desalojos de viviendas pertenecientes a grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social --a lo que, por otro lado, está obligado según la ley-- o mientras estén vigentes restricciones por el coronavirus.
A favor de dicho decreto se han posicionado JxCat, ERC, los comuns y la CUP, que han sumado 77 votos favorables. En contra han votado los cuatro diputados del PP y se han abstenido los 54 de Cs y el PSC.
Escudo social
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha avanzado que esta norma formará parte de un paquete de iniciativas que funcionarán como un "escudo social" ante el impacto de la pandemia. Las medidas tomadas irán destinadas, especialmente, a proteger los sectores económicos estratégicos y a ayudar a empresas y trabajadores.
Según ha explicado el responsable de Territorio, el decreto avala que ninguna familia en situación de vulnerabilidad que resida en una vivienda de un gran tenedor sufra un desahucio hasta el 9 de mayo de 2021, fecha en la que previsiblemente se levantará el estado de alarma vigente. Además, tampoco habrá desahucios de personas "ocupantes sin título habilitante desde antes de la entrada en vigor del actual estado de alarma" y se ordena la extensión de los contratos de alquiler de viviendas de grandes tenedores.