Los centros catalanes de FP online están a un paso de abandonar la autonomía. La regulación que prepara el Departamento de Educación restringe hasta tal punto su funcionamiento que algunas empresas empiezan a estudiar el traslado de su sede. "Es una posibilidad que está encima de la mesa", reconoce Jordi Giné, CEO de Ilerna Online.
Esta empresa, con sede en Lleida y puntera en el desarrollo de esta modalidad docente, cuenta con más de 22.000 alumnos que cursan 19 ciclos formativos de forma telemática. "Este año hemos abierto un centro en Sevilla y en Madrid ya estamos trabajando en ampliar el que tenemos. Estamos preparados para, llegado el momento, trasladarnos fuera. Pero insistimos en que es lo último que querríamos y queremos confiar en que finalmente no será necesario hacerlo", lamenta Giné.
Las restricciones de Bargalló
Pero ¿en qué consiste este cambio de reglamentación? El departamento capitaneado por Josep Bargalló pretende constreñir el alcance de la educación online de FP. El ordenamiento, que ahora mismo se encuentra en fase de consultas en el Consejo Escolar, trata de imponer exámenes presenciales en territorio catalán a todos los matriculados en un grado de esta modalidad. Con independencia del lugar de residencia de los estudiantes y de que existan soluciones para evaluar a distancia a los alumnos, los centros deberán garantizar la presencialidad de estas actividades.
Una decisión no solo injusta, según los empresarios del ramo, sino también contradictoria. "Es un contrasentido porque la nueva orden obliga a hacer unas determinadas horas de clase presencial en Cataluña, pero permite realizar las prácticas en empresas en cualquier sitio del Estado. ¡Y son 400 horas presenciales!", exclama Giné.
Centro de Ilerna Online en Lleida / Ilerna Online
La consejería se defiende
Cerca del 80% del alumnado de Ilerna Online reside en otras comunidades, por lo que esta limitación complicará enormemente su formación. "Ante este hecho, lo que pedimos es poder evaluar de manera no presencial, como ya hacen muchas universidades. Microsoft y otras corporaciones tecnológicas ya están aportando al mercado soluciones testeadas y muy fiables para realizar las pruebas".
Por su parte, la posición oficial de la consejería es que la regulación de la FP no presencial resulta necesaria por cuanto hasta ahora se han fijado únicamente sus requisitos de autorización. Además, el departamento defiende que la reglamentación establecerá una moratoria de dos años --solo para alumnos que ya estuvieran matriculados antes de la entrada en vigor de la norma-- y dejará una puerta abierta a la realización de exámenes finales a distancia si la tecnología lo permite.
CCOO pide potenciar el IOC
Quien sí respalda la medida es el sindicato CCOO. Un portavoz de la organización señala a este medio algunos de los problemas que han detectado en el despliegue de la FP online: "Se abre la puerta a la uberización del profesorado y al fraude en la contratación al no exigir personal docente propio a los centros educativos. Además no garantiza el control de la inspección. Se necesita una regulación con las mismas exigencias que tienen los centros presenciales".
Además, el sindicato lamenta la pérdida de capacidad del Institut Obert de Catalunya (IOC), la institución pública creada en 2006 para ofrecer estudios secundarios no presenciales en la comunidad. Entre ellos, ciclos de formación profesional. Según datos del propio departamento de Enseñanza, el centro ha perdido en el último lustro alumnado tanto de grados medios (de 2.830 a 2.582) como de grados superiores (de 6.786 a 6.182). Muchos de estos estudiantes se han pasado al canal privado. Para frenar esta sangría, CCOO reclama un incremento de la dotación presupuestaria que relance el Institut Obert de Catalunya como una oferta atractiva para las nuevas generaciones.
Foment: "Hay que tener la mente abierta"
El enfado contra Bargalló llega también a las principales patronales catalanas. Tanto Foment del Treball como Pimec expresan su malestar por la reglamentación diseñada por el consejero de Educación. Manuel Rosillo (Foment) señala que "si algo hemos aprendido de la pandemia del Covid-19, es que la formación online ha venido para quedarse".
"En vez de poner puertas al campo, hay que tener la mente abierta y garantizar un marco posibilista para el ejercicio de estas empresas", resume. Rosillo cuestiona el "estrangulamiento normativo" del Govern y pide mayor flexibilidad: "¿Por qué no se pueden hacer estos exámenes a distancia o en la misma plataforma si se garantiza su calidad y seguridad?", se pregunta.
Pimec se suma a las críticas
De forma similar opina Silvia Miró, representante de Pimec en el Consejo Escolar. "Estamos de acuerdo en regular, pero una cosa es ordenar y otra es introducir medidas que limiten la libre actividad empresarial". Además, pide que toda regulación que afecte a la modalidad no presencial sea "coherente" con las exigencias de la modalidad presencial. De lo contrario, Miró advierte de que "hay riesgo de perder iniciativas que generan ocupación.
En este sentido, la portavoz recuerda que la comisión rectora del sistema de formación y calificación profesional, constituida en febrero de 2019 tras la aprobación de la ley catalana de FP, no incorporó entre las bases generales de la formación profesional ningún corsé territorial. Al contrario de lo que ahora pretende el Govern, la comisión no consideró necesario circunscribir el ámbito de actuación de los operadores privados de FP a la comunidad catalana. Una muestra más de la política restrictiva emprendida por Bargalló.