El Ayuntamiento de Barcelona suspende la venta del 15% de las acciones de Servicios Funerarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido la venta del 15% de las acciones que tiene en Servicios Funerarios de Barcelona (SFB) a petición de un juzgado después de que Pompas Fúnebres Mediterráneas, S.L. haya interpuesto un recurso contencioso y haya pedido medidas cautelares, según un informe de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) publicado este miércoles en el Portal de Contratación Pública.

El Juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona ha pedido "paralizar en la medida que sea posible" la venta de las acciones.

El mismo informe detalla que el 15 de octubre acababa el plazo de presentación de ofertas y avisa de la suspensión de la subasta pública de estas acciones "hasta el momento procesal que permita su continuación".

Subasta 'a viva voz'

Tal y como adelantó Crónica Global el pasado 6 de octubre, la privatización de la empresa mixta se llevó a cabo mediante un controvertido procedimiento de ofertas verbales, y encalló porque las plicas están solo en catalán.

Los títulos salieron al mercado por un precio de 33,84 millones de euros con IVA. Su venta permitía presentar ofertas hasta el 15 de octubre, y permitía que cuando la mesa de contratación abriera los sobres posteriormente, se pudieran hacer alzas a viva voz para hacerse con las acciones

Operación de 28 millones

El ayuntamiento barcelonés dio luz verde a la venta del 15% de las acciones en el pleno del 28 de febrero con los votos favorables de ERC, PP y BCN Canvi y los votos en contra de JxCat y Cs. Y con esta operación preveía ingresar 28 millones de euros que pretendía destinar a la vivienda y la rehabilitación.

La operación completaba el proceso de privatización que se inició en 1998, cuando el entonces alcalde del PSC Joan Clos vendió el 49% de la empresa pública, y que siguió en 2011 cuando el gobierno municipal del también alcalde socialista Jordi Hereu vendió el 36% de las acciones.

Mémora, propietaria del 85%

En el pleno municipal de febrero, el concejal de Transición Energética y Emergencia Climática, Eloi Badia, justificó la venta de acciones como una "política económica responsable" porque no generaban dividendos y el activo se degradaba con los años, y subrayó que el 15% no permitía que el ayuntamiento incidiera en la toma de decisiones.

La intención era que las acciones salieran a una subasta pública que, en caso de quedar desierta, irían a manos de Mémora, que tiene el 85% restante.