La Generalitat se despreocupa de la marcha de universitarios a otras comunidades

Desinterés absoluto. El Govern asegura desconocer el número de estudiantes catalanes preinscritos en universidades situadas en el resto de España. Y atribuye las trabas puestas a estos alumnos a la situación de pandemia.

Trabas que el propio Síndic de Greuges denunció el pasado mes de agosto y que dio lugar a la apertura de una investigación [se puede leer en este enlace] sobre las desigualdades denunciadas por varios alumnos en el proceso de matriculación en universidades del resto del Estado. El consejero de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, atribuye a la necesidad de proteger a los alumnos que Cataluña fuera la única comunidad española en retrasar la publicación de los resultados de las pruebas de acceso a la universidad hasta el 27 de julio, diez días más tarde de la fecha marcada por el Gobierno, mientras que el plazo de preinscripción en las universidades del resto de España se cerró el 24 de julio.

Desconocimiento de las preinscripciones

El malestar generado entre esos jóvenes que deseaban estudiar fuera de Cataluña dio lugar, no solo a esa reprobación del Defensor del Pueblo catalán, sino a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de PSC-Units, Alícia Romero.

La respuesta de Tremosa es absolutamente evasiva. “Por lo que hace referencia al número de estudiantes preinscritos en otra comunidad autónoma, la Oficina de Acceso a la Universidad solo dispone de los datos de acceso en Cataluña”, explica el consejero. Y añade: “Quien quiera preinscribirse en una universidad de fuera de Cataluña debe ponerse en contacto con la universidad a la que quiera acceder e informarse de los plazos de preinscripción, que debe haber realizado en el plazo fijado por el centro al que desea acceder, este requisito es imprescindible. Posteriormente, y en el momento en que el estudiante dispone de sus notas, les adjunta su preinscripción”.

Aportar documentación

Según el consejero, “desde que está en vigor el Distrito Único Universitario se ha hecho así en todo el Estado español, ya que siempre hay estudiantes que disponen de las notas más tarde, por diferentes motivos, y siempre que se haya hecho la preinscripción en tiempo y forma, pueden aportar la documentación que les falta”. La única opción dada por el Govern y el Síndic a los afectados era volver a intentarlo en septiembre, cuando las plazas ya estaban ocupadas.

“Es un desastre. Deberían existir políticas de coordinación entre comunidades porque está claro que el sistema actual perjudica a los alumnos”, explican fuentes universitarias. Según el Síndic, “si bien corresponde a las universidades la admisión de los jóvenes, las administraciones competentes deben adoptar las medidas pertinentes para que las universidades puedan actuar coordinadamente y garantizar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. Además, en España rige el distrito único universitario, de modo que un estudiante que haya realizado las pruebas en Cataluña puede acceder a cualquier universidad del resto de España, si así lo ha indicado en su elección”.

"Medidas de seguridad"

Por su parte, la Secretaría de Universidades e Investigación expuso que la decisión de hacer las pruebas en cuatro días y alargarlas hasta el 10 de julio vino determinada por la necesidad de cumplir las medidas de seguridad, y que el incremento de estudiantes matriculados ha implicado un proceso organizativo más complejo y un esfuerzo en el proceso de corrección. En concreto, Tremosa alude en su respuesta a la diputada socialista a las “circunstancias actuales y el incremento de estudiantes matriculados (aproximadamente 40.000)”, que “ha supuesto que se tenga que realizar un proceso organizativo más complejo que nunca con un gran esfuerzo para poder cumplir con los plazos”.

Asimismo, el consejero asegura que “en todo momento se ha procurado garantizar la libertad de elección de centro. En este sentido se ha seguido la recomendación de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Universidades dirigida a las comunidades autónomas y las universidades donde pedía flexibilidad en los plazos de procesos, asignación, y admisión y matrícula, dadas las diferentes temporalidades entre comunidades y universidades, para poder garantizar la igualdad de condiciones de los estudiantes ante la situación excepcional actual”.