El proceso para decidir los indultos a los políticos presos está en marcha, pero no se dilucidará hasta un plazo de entre seis u ocho meses. Es el tiempo que espera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no cree que coincida con las elecciones catalanas del 14 de febrero. “Iría muy justo”; señala, si se tiene en cuenta la media que se tarda en ese tipo de procedimientos.
El Gobierno mantiene dos caminos abiertos para abordar la cuestión de los políticos presos. Por una parte la tramitación de los indultos, que se han pedido a través de particulares o de entidades, y la otra vía es la reforma del código penal, que se quiere iniciar en el Congreso para adecuar las figuras delictivas contra la Constitución y contra el orden público a la realidad del entorno europeo. “El delito de sedición es un delito decimonónico, que se incorpora a nuestro ordenamiento hace casi doscientos años, no podemos tener un Código Penal fuera de la realidad de los países de nuestro entorno”, ha señalado en La Vanguardia
El informe de Fiscalía
Pero, ¿qué pasa con los indultos? El abogado Francesc Jufresa, que fue el primero en pedir los indultos a todos los políticos presos, señaló que el proceso estaba avanzado y que el consejo de ministros podría recibir en breve el informe del Ministerio fiscal con una propuesta concreta. Sin embargo, ese no es el calendario que maneja el ministro Campo.
El titular de Justicia ha señalado que su ministerio envió el pasado lunes al Tribunal Supremo la documentación sobre las peticiones de indulto de los condenados por el 1-O, y que el tribunal realizará su informe una vez haya oído la opinión de la Fiscalía y de las instituciones Penitenciarias. “Cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra”.
Decisión del Consejo de Ministros
Campo no se pronuncia sobre qué haría el Consejo de Ministros, en el caso de que la propuesta fuera negativa sobre los indultos: “Sería un desprecio intolerable que un ministro de Justicia se pronunciara antes de que se cumpla la entrega de esos informes preceptivos. Y debo añadir que es una decisión del Consejo de Ministros”.
El plazo, en todo caso, es largo. Entre la admisión a trámite y la decisión final, según Campo, pasan de seis a ocho meses, por lo que “iría muy justo en los términos de media”, contar con que la petición esté resuelta en febrero, que es cuando se celebrarán las elecciones autonómicas.