El gobierno metropolitano, que comanda Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha rechazado hoy martes, 29 de septiembre, separar los impuestos del recibo del agua. El ejecutivo que gobierna el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha descartado desagregar los tributos de la factura del suministro. El no de Colau y sus socios llega después de la polémica por el incremento de la facturación por, precisamente, los nuevos gravámenes.
Ha dado cuenta del resultado de su propuesta en el consejo metropolitano el PP, que había sometido al criterio del pleno un texto para "desvincular la tasa de tratamiento de residuos (TMTR) de la factura del consumo de agua, con el fin de que se recaude por separado". La propuesta ha sido rechazada por En Comú Guanyem --la coalición de Barcelona en Comú, partido de Colau--, PSC, ERC y Junts per Catalunya.
"Rechazan un recibo más transparente"
Los populares han lamentado que el gobierno metropolitano descarte ofrecer a los ciudadanos "un recibo del agua más transparente y sin trampas fiscales, que separe impuestos como el tratamiento de residuos (TMTR) o la nueva tasa de residuos [de Barcelona] del consumo de agua". Ante esta negativa, el PP ha solicitado al AMB un informe jurídico para cerciorarse de si es legal cobrar diversas tasas de residuos dentro de la factura del agua. En este sentido, la fomación alerta de que "se grava el cobro por un mismo servicio".
Miguel Jurado, portavoz del grupo popular, ha recordado que "durante los últimos años se ha incrementado la tasa de residuos (TMTR) por encima del IPC, lo que demuestra la voracidad recaudatoria y desde este agosto, también se suma la tasa de basuras [de Barcelona ciudad]". En cálculos del partido, el recibo del agua se ha encarecido un 7% de media. "El agua es un mal trago fiscal por culpa de Colau", ha apostillado la formación.
Regulación más clara
La moción del PP que sí ha prosperado ha sido una propuesta para modificar el Reglamento Metropolitano del Ciclo del Agua con el fin de regular con claridad la factura del suministro. Se tocará también la tarificación por si no hubiera datos reales de los contadores de los hogares.
A este respecto, los populares han recordado que "no se ha producido ningún error en el cobro por parte de Agbar, sino un mal funcionamiento del método establecido a la normativa". Ante ello se impone "establecer con claridad una forma de tarificación que no perjudique a los consumidores y que permita a la empresa cobrar por el servicio prestado".