Un total de 711 profesores de enseñanza superior y secundaria y profesionales de diferentes ramas avalan una carta dirigida por el Foro de Profesores a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en a que le instan a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes en las comunidades autónomas bilingües.
Apoyan su reclamación, acompañada de la petición de una entrevista, en hechos “sobradamente documentados” registrados en el IES Sant Agustí de Ibiza, permitiendo las presiones a un profesor; en el caso de 200 alumnos afectados por la anulación de plazas de español en las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, de Pamplona; en lo sucedido a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, requerido por la dirección y por la Inspección Educativa para que no utilice español en sus comunicaciones escritas; en la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, que reduce incomprensiblemente la enseñanza del español en zonas castellanohablantes o, finalmente, en las revelaciones del informe la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (2019), probando que ni un solo centro educativo público de esa comunidad cumple la normativa lingüística.
Confrontación lingüística
Mantiene el Foro de Profesores en su carta a la ministra que “los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores”.
Advierten de que estos casos son "solo la punta del iceberg. Muchos ciudadanos y colectivos llevan años alzando la voz contra las políticas lingüísticas nacionalistas que, esgrimiendo el argumento de la protección de lo que denominan 'lenguas propias' vulneran una y otra vez los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en múltiples ámbitos, siendo especialmente sensible el educativo".