Una “curiosa y anecdótica anormalidad”. El año pasado, el Gobierno de Quim Torra firmó un total de 114 decretos de encargos de funciones entre miembros del Govern. Un traspaso que entraría dentro de lo normalidad si no fuera porque la media en los años anteriores se situaba entre 35 y 40.
El dato está incluido en el Anuario político de Cataluña 2019 que acaba de publicar el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde se recoge y analiza y la información más relevante de de la vida política catalana correspondiente al año pasado [se puede leer en este enlace].
En el bloque dedicado a la acción de gobierno, Mireia Grau, del Instituto de Estudios del Autogobierno, analiza esa actividad, así como esa “curiosa y anecdótica anormalidad sustantiva”. Grau no analiza los motivos de las constantes ausencias de los miembros del Govern. Pero lo cierto es que, más allá de los períodos vacacionales o bajas por enfermedad, que dan lugar a decretos de traspaso de funciones que anualmente no superan los 40, son conocidos los viajes relacionados con el procés en un año marcado por el juicio y la condena de los dirigentes independentistas.
La actividad gubernamental
Grau apunta en su artículo los tres factores que incidieron en la actividad gubernamental, en un contexto definido por la coincidencia de varias elecciones: el juicio y la sentencia del procés; la voluntad de enderezar institucionalmente la estructura de la Generalitat tras el levantamiento del artículo 155 de la Constitución, y el hecho de gobernar con los límites de un presupuesto prorrogado desde el 2017.
Durante el año 2019 se contabilizaron 1.082 acuerdos de Gobierno, de los cuales más de la mitad (639, un 59%) tuvieron como promotor el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, debido al gran peso que tiene la ejecución del presupuesto de la Generalitat --que estaba prorrogado-- y las operaciones de endeudamiento, financieras y patrimoniales.
Asimismo, se aprobaron 16 anteproyectos de ley. Respecto a la actividad reglamentaria del Govern (decretos) la autora destaca el retorno a la normalidad “respecto a los últimos dos años. También hay decir que todos los años de constitución de gobierno, como en 2018, conllevan un mayor número de decretos que otros raíz de las reestructuraciones departamentales y los nombramientos y ceses”.
La imagen más significativa de las primeras sesiones del juicio en el Tribunal Supremo: tres de los acusados no responden al saludo de Quim Torra / EFE
Sin embargo, a Grau le llama la atención una “curiosa y anecdótica anormalidad sustantiva: el año 2019 es uno de los años con más decretos de encargos de funciones (cuando un consejero/a se ausenta y sus funciones quedan encargadas a otro consejero/a), en total 114 decretos cuando la media de años anteriores había sido de 35-40”.
Actividad legislativa
En el bloque que se ocupa de la actividad parlamentaria, Joan Ridao, letrado mayor del Parlament, detalla la actividad legislativa y de impulso y control de la Cámara catalana, además de los cambios en su composición, señalando el clima de “polarización extrema” en que se desarrolló Ridao aborda las distintas convocatorias electorales, la inestabilidad política a nivel español, pero en especial, el juicio a los líderes del proceso independentista, afectaron de manera importante la estructura organizativa de la Cámara y su actividad.
Reunión de la Mesa del Parlament / CG
Alude a la regularidad y normalidad con la que se reunieron la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces, aunque “una de las constantes fueron las recurrentes e insólitas tensiones entre sus miembros, especialmente los de la mayoría, en cuestiones relativas a la gestión económica y presupuestaria”.
Diez leyes aprobadas
Las Comisiones más activas fueron las de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Salud, Territorio, Justicia y Asuntos Institucionales, con un total de 488, 278, 275, 252 y 219 expedientes.
En 2019 se aprobaron un total de 10 leyes --frente a las 21 de de 2017 y las tres de 2018--, de las que solo tres fueron iniciativa gubernamental. “La función legislativa es una labor cada día más compartida entre el legislativo y el ejecutivo, mediante la legislación de urgencia (decretos-ley) bajo el presupuesto habilitante de urgencia y extraordinaria necesidad”, explica Ridao. En 2019 se validaron 15 decretos ley, todos ellos vinculados a la situación de prórroga presupuestaria.