Ciudadanos propone medidas urgentes contra los problemas de convivencia que genera la okupación

Ciudadanos ha presentado en el Parlament una proposición de ley de medias urgentes para garantizar la convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal. Bajo la premisa de que Cataluña es la comunidad autónoma que concentra la mitad de usurpaciones, según las estadísticas judiciales y de seguridad más recientes, la formación naranja propone reformar el Código Civil catalán para dotar a las comunidades de propietarios de instrumentos legales para actuar contra las ocupaciones.

“Es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de propietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera los problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal”, indica la iniciativa de la formación naranja.

Actividades delictivas

Añaden, en su exposición de motivos, que la ocupación “en muchos casos, es un medio para la comisión de otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, la trata de seres humanos o la venta ilegal de mercancías por mafias organizadas que explotan a personas en situación irregular o en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”. Y en otros casos, la ocupación “es el resultado de un modus vivendi de organizaciones criminales que explitan un mercado negro e ilegal sobre la base de un mal entendimiento del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna o simplemente de un abuso o fraude de los legítimos mecanismos de tutela del mismo”.

Cs propone modificar el artículo 553-40 del Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, para introducir un nuevo redactado, con la finalidad de facultar a los presidentes de las comunidades de propietarios a procurar el cese extrajudicial y judicial de las ocupaciones ilegales en elementos privativos comunes.

Facilitar la detección y denuncia

Asimismo, la proposición de ley busca facilitar la detección y denuncia de las ocupaciones ilegales de elementos comunes y/o privativos que comporten problemas de convivencia o seguridad para los vecinos de una comunidad de propietarios, facultando individualmente a cada uno de los propietarios u ocupantes legítimos de los inmuebles para que insten a la presidencia de la comunidad a actuar ante este tipo de circunstancias”.