Mientras el presidente Quim Torra juega a las estrategias partidistas con sus cambios de gobierno, la gestión social sigue atascada. El Govern ha rechazado destinar 1,7 millones de euros a reforzar las ayudas a las víctimas de la violencia de género durante la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, con el cual se pretende corregir los fallos en la lucha contra el machismo. Alega que no tiene dinero.
Tras admitir que se habían cometido errores en el combate contra la violencia de género, ya que entre 2015 y 2019 solo 91 víctimas recibieron ayudas --en ese mismo período se dictaron 7.000 sentencias condenatorias-- y en 2020 el número de beneficiarias no supera las 55, el Govern aprobó un decreto ley que, posteriormente, fue validado en el Parlament.
Elevar de rango la nueva normativa
Toda la oposición se unió para elevar el rango de esa normativa y que fuera tramitado como proyecto de ley. Hasta ahí, todo correcto. Sin embargo, los partidos que dan apoyo al gobierno catalán rechazaron iniciativas para mejorar el contenido de su proyecto.
Ciudadanos propuso aplicar un convenio de colaboración con el Poder Judicial para reforzar la información de las ayudas y la asistencia a través de los juzgados de violencia de género, dotándolos de más medios materiales y humanos.
Veto del Govern
Por ello, la formación naranja presentó un texto alternativo que mejoraba el decreto ley validado, incluyendo medidas de coordinación de la gestión y un refuerzo de los profesionales de la Justicia “que están al pie del cañón ante esta lacra social y que facilitarían el acceso de las víctimas de violencia de género a las ayudas”. Cs presupuestó esas mejoras en 1,7 millones de euros.
La nueva norma está en tramitación en comisión parlamentaria, pero el Govern vetó la propuesta de Cs alegando que no puede asumir ese coste con el presupuesto actual aprobado. Incluso pidió que no se tramitara esa propuesta, excluyéndola así del más mínimo debate y votación.