"La policía hace su labor, pero también necesita instrumentos legales que permitan actuar con más eficacia de lo que se hace actualmente". De esta forma se refirió el teniente de alcalde de seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, en referencia a las ocupaciones de pisos, un problema no resuelto que da lugar a conflictividad social. Batlle admitió que el Consistorio está desbordado. No en vano, el goteo de casos no cesa.
Batlle habló de instrumentos legales. Pero se da la circunstancia de que las propias normativas municipales facilitan las ocupaciones, lo que demuestra las contradicciones ideológicas dentro del gobierno municipal.
Plan por el Derecho a la Vivienda
En efecto, en enero de 2017, el Ayuntamiento aprobó el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 con los votos del Gobierno municipal liderado por Ada Colau, (PSC y Comuns) CiU y Ciudadanos y los votos en contra de ERC, el PP y la CUP-Capgirem Barcelona. El entonces líder de los populares en el Consistorio, Alberto Fernández, calificó el plan de insuficiente en lo que respecta a la construcción de nuevas viviendas públicas. Y advirtió de que premiaba la ocupación ilegal de viviendas
¿Qué dice ese proyecto? A lo largo de 89 páginas sobre los objetivos municipales en materia de vivienda afirma que “el tratamiento de las ocupaciones requiere de actuaciones desde la vivienda para posibilitar que las personas que están ocupando por necesidad puedan tener una solución habitacional digna, y desde la seguridad para combatir las mafias”.
Negociación y flexibilidad
Así, se prevén las siguientes medidas: Inclusión de los desahucios sin título habilitante como un supuesto para acceder a la Mesa de Emergencias sociales y el impulso de un plan de intervención en los ocupaciones en precario que permita actuar de manera diferenciada ante las distintas situaciones (ocupaciones que generan molestias en la comunidad, ocupaciones como resultado de estafa, ocupaciones con presencia de mafias, etc).
El Ayuntamiento también se propuso identificar las ocupaciones en los entornos donde se detectan mayores problemáticas para poder desarrollar una actuación coordinada de regularización de las situaciones de las personas en riesgo de exclusión y, en algunos casos, negociar con los propietarios de viviendas ocupadas por regularizar la situación de los residentes.