Carles Puigdemont, así como Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, reclaman al Gobierno que apueste por la política y abandone la vía judicial como sistema de resolución del conflicto independentista. La petición presupone un punto de inflexión en la estrategia de confrontación y desprecio al Estado español del expresidente catalán.
En la carta, publicada en La Vanguardia, los fugados afirman que "el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente en la causa seguida contra los líderes del independentismo que organizamos en octubre del 2017 el referéndum de autodeterminación". Una causa, dicen, que ha comportado "penas que suman cien años de prisión".
Puigdemont difunde el mensaje que grabó en octubre de 2017 por si era detenido / TWITTER
Recoger los frutos sembrados
Afirman que "llega el tiempo de recoger los frutos que hemos ido sembrando durante casi tres años mientras nos insultaban y denigraban incluso como seres humanos.
Nuestro objetivo se ha mantenido intacto, no nos hemos doblegado", en alusión a la reciente decisión de la Justicia belga de rechazar la extradición de Puig, que califican de "preludio de un efecto dominó" sobre la causa que afecta el procés independentista.
"Farsa judicial"
"Fuimos al exilio a preservar el Gobierno legítimo, a preservar el mandato del 1 de octubre, a defender los derechos colectivos y a defendernos de la persecución desde el único sitio donde podíamos hacerlo con garantías. Y a desmontar la farsa judicial construida solo para liquidar un movimiento legítimo, de amplio apoyo, democrático, pacífico, interclasista y europeísta", precisan.
Niegan haber escapado a la justicia española “porque cada vez que hemos afrontado una euroorden estábamos compareciendo ante la acción precisamente de la justicia española".