¿Cuánto cobró Jordi Valmaña por jubilarse? Cementiris de Barcelona (Cbsa) provisionó 1,5 millones de euros en un plan de desvinculación meses antes de que el director general abandonara la sociedad pública. Lo hizo en mayo de 2019, cuando se le destituyó por su cuestionable gestión tras al menos dos años en el alero por crisis como el hundimiento en el Cementerio de Montjuïc.
Han alertado de ello fuentes de la oposición municipal de Barcelona, que han advertido de que la sociedad 100% pública que gestiona en exclusiva los cementerios y el único crematorio de Barcelona ciudad reservó fondos para los trabajadores que se marchaban de la empresa en 2018 y 2019. El epígrafe figura en las cuentas anuales de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), grupo-paraguas de las empresas municipales. El plan de pago de bonus entró en vigor cuando Jordi Valmaña, exdirector general, ya era abiertamente cuestionado y se esperaba su destitución. Ésta se formalizó en mayo de 2019.
Cementiris: "15 empleados"
Preguntado por la cuestión, una portavoz de Cementiris de Barcelona ha admitido que el plan de desvinculación benefició a Jordi Valmaña, aunque también a otros empleados. "Los planes de desvinculación son una política de la dirección de personas mediante la cual la persona inicia voluntariamente su transición a la jubilación, extinguiendo su relación laboral de mutuo acuerdo con la empresa, con arreglo al plan pactado con el comité de empresa", ha explicado.
"El número de personas totales que se desvincularon en este periodo fue de 15 --ha continuado la misma representante-- y pertenecían a todos los grupos profesionales, entre ellas el anterior director general de Cementiris de Barcelona (Cbsa)".
Jordi Valmaña, cuestionado desde 2017
Sea cual fuere la versión oficial, lo factual es que Cementiris de Barcelona provisionó 1,5 millones de euros para desvinculaciones en los ejercicios 2018 y 2019. Lo hizo cuando el director general, Jordi Valmaña, era abiertamente cuestionado tras la catástrofe del Cementerio de Montjuïc, camposanto en el que se hundió un bloque de 144 nichos el 15 de septiembre de 2017. Quedaron mezclados con madera, sudarios y cascotes los restos de 350 difuntos. Jamás se pudieron identificar todos los huesos.
El desastre pasó factura a la empresa municipal de cementerios, que llegó a pagar 700.000 euros en indemnizaciones, tal y como avanzó Metrópoli Abierta. Asimismo, obligó a la sociedad 100% pública a invertir una gran cantidad de fondos en mantenimiento de los nueve camposantos municipales, al descubrir el hundimiento que éstos presentaban un avanzado estado de deterioro. En paralelo a ello, Cementiris tuvo que desplegar un sistema de auscultación de edificios para evitar nuevos derrumbes.