La Generalitat de Cataluña discrimina sistemáticamente a los castellanohablantes.  Así lo refleja el Informe de Convivencia Lingüística elaborado por Societat Civil Catalana (SCC), que desvela que solo el 5% de las iniciativas de promoción lingüística del ejecutivo autonómico durante los meses de reclusión por la pandemia fueron destinadas a los hablantes de español.

En concreto, la Generalitat promovió 22 iniciativas lingüísticas, de las que todas ellas estaban orientadas a catalanohablantes, 6 incluían también a los hablantes de aranés y únicamente una integraba a los castellanohablantes.

Subvenciones culturales

El estudio --presentado este miércoles-- también apunta que el 100% de las ayudas y subvenciones de la Generalitat para fomentar la cultura disponibles en ese periodo estaban dirigidas a los catalanohablantes, mientras que solo un 45% de ellas eran accesibles a la cultura en español, y un 36% a la cultura en aranés.

Si se añaden los premios y otros recursos culturales, y se incluyen los ayuntamientos catalanes, las iniciativas públicas de este tipo disponibles para catalanohablantes ascienden a 71, frente a las 12 de incorporan a los hablantes de aranés y las 10 que incluyen a los castellanohablantes.

La Administración central, bilingüe

Esta actitud contrasta con la de la Administración central, cuyas propuestas culturales sí son bilingües.

Así, las 9 iniciativas detectadas en ese periodo promovidas por el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura y Deportes eran en español y catalán --así como en el resto de lenguas cooficiales en otras CCAA--.

Quejas

El informe también hace un análisis de las quejas por motivos lingüísticos registradas en el periodo referido, tanto por parte de ciudadanos, como de políticos y asociaciones. El 51% de las quejas de los castellanohablantes se produjeron por falta de bilingüismo en las administraciones autonómica o local, o en los medios públicos. Un 27%, por haber sufrido casos de "supremacismo, acoso o descalificación" por su lengua. Y un 22%, por no poder expresarse en español o no poder acceder a enseñanza en castellano en la escuela.

En ambio, entre los catalanohablantes, el 55% de las quejas correspondieron al uso de una lengua diferente de la propia por parte de otros ciudadanos o por parte de una administración. Un 35%, por falta de bilingüismo en la Administración central o la UE, o en entidades privadas de comunicación. Y un 10%, por falta de libertad en el uso del catalán.

A favor y en contra del bilingüismo

Cabe destacar que el 69% de las quejas por falta de bilingüismo fueron formuladas por castellanohablantes, mientras que la totalidad de las quejas contra el bilingüismo detectadas fueron formuladas por catalanohablantes.

En este último caso se incluyen las protestas porque otros ciudadanos se expresen en una lengua distinta a la propia (normalmente el español) o reclamen su derecho a comunicarse en esa lengua con otros ciudadanos o con la administración, o porque la administración pública se exprese también en español.

Derechos conculcados

En base a estos datos, la entidad constitucionalista considera que existe una “desigualdad de trato” de las administraciones públicas catalanas a los ciudadanos de esta comunidad en función de su lengua. Y concluye que la Generalitat y los entes locales están “conculcando los derechos de los hispanohablantes y marginando la cultura en español”.

Por ello, SCC reclama "la inmediata normalización del español en la vida institucional y en el espacio público catalán". "Tras la normalización lingüística que se llevó a cabo al recuperar la democracia y el autogobierno, ha llegado la hora de una segunda ola normalizadora que haga normal en las instituciones lo que es normal y valioso para la inmensa mayoría de catalanes, sus dos lenguas propias. Esta segunda normalización linguística es una premisa esencial para que Cataluña recupere la armonía cívica y política y pueda mirar al futuro sin exclusiones", añaden.