BComú pone cifras a su guerra al coche: el 35% de vehiculos, fuera

Son las cifras que quiere Barcelona en Comú (BComú). El partido de Ada Colau ya tiene números para su particular guerra al coche en la Ciudad Condal. Quiere que el 35% del "parque móvil" de la segunda mayor ciudad española "desaparezca o cambie" para ser menos contaminante. Todo ello pese a la crisis económica que ha puesto a muchos hogares en aprietos.

Lo ha verbalizado el concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Eloi Badia. En una entrevista en el diario Ara, el electo ha avanzado que "el parque móvil debe cambiar y no ser contaminante o desaparecer. Y, en términos de emisiones, debe ser el 55% para llegar al objetivo fijado en 2030". A renglón seguido, Badia ha avisado de que "la descarbonización" debería producirse en 2050. "El cambio en 30 años debe ser tan grande que nos engañamos a nosotros mismos pensando que las fechas quedan lejos. Y no lo están", ha apostillado.

Guerra al coche

La reconversión del parque móvil, o de los coches privados y transporte público que hay en Barcelona, no es una novedad. Janet Sanz, segunda teniente de alcalde de Ecología, abogó en abril por "evitar la reactivación de la industria del automóvil".

Ello le valió una lluvia de críticas de patronales y sindicatos, y generó el enfado del sector del moto. Parte de ese cabreo se repitió cuando Nissan anunció que se marchará de Barcelona, una decisión que impacta a tres factorías, unos 2.500 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos.

Política anticoche

Las declaraciones públicas han llegado acompañadas de una gestión municipal contraria al vehículo privado. El gobierno municipal aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en enero y comenzará a multar en septiembre. Ha encarecido las zonas azul y verde y ensanchado aceras para el peatón.

Asimismo, el Ejecutivo local ha anunciado cortes de calles cada fin de semana en Barcelona a partir de octubre. También ha eliminado plazas de párquin de moto en superficie y ha visado de multas exprés de 100 euros para los que incumplan. Esta estrategia ha sublevado a comerciantes, a las patronales y al empresariado, que alertan del impacto económico de las medidas.