Cientos de profesores universitarios, tanto españoles como del extranjero, han dirigido una carta a la rectora de la Universidad Autónoma (UAB), Margarita Arboix, para que interceda en favor del estudiante de S'ha Acabat! que denunció acoso ideológico de uno de los profesores.
El documento, impulsado por Foro de Profesores y Universitaris per la Convivència, ya ha sido suscrito por más de 350 firmantes. Los docentes exigen a la dirección que "preserve la libertad ideológica y el derecho a la educación de los estudiantes" después de que un profesor insultase al vicepresidente de la entidad constitucionalista.
"España es un Estado fascista"
Los hechos se remontan a mediados de febrero de este mismo año, cuando Àlex Serra, estudiante de Derecho y vicepresidente de S'ha Acabat!, asegura que uno de sus profesores vertió todo tipo de comentarios injuriosos contra partidos e instituciones no independentistas.
En concreto, dicho funcionario (titular de Derecho Internacional Público) calificó a España como un "Estado fascista" y llamó "patético" a Serra por no abrazar el separatismo.
El decanato se pone de perfil
Ante una queja elevada por el alumno, el decanato asumió los hechos (reconocidos por el propio profesor), pero los amparó en virtud de la libertad de cátedra. Para los firmantes, esto supone "un auténtico esperpento desde una óptica académica y, obviamente, una aberración jurídica".
Por eso piden una rectificación expresa a la rectora y que la universidad se posicione del lado del estudiante agredido.
Un campus ideologizado
No es la primera vez que el alumnado que no comulga con el independentismo tiene problemas para expresarse con libertad en el campus. S'ha Acabat! y Jóvenes de Societat Civil Catalana han sufrido persecución ideológica e incluso ataques físicos ante la pasividad del rectorado.
De hecho, la UAB ha sido condenada en costas por impedir a la entidad inscribirse en el registro oficial de asociaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la institución por vulneración de derechos, al considerar que se había discriminado gravemente al colectivo constitucionalista.