La ley de banderas es papel mojado en Cataluña. Pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que conmina a los ayuntamientos independentistas a retirar todas las enseñas no oficiales, en los municipios catalanes rige la anarquía. En muchos pueblos del interior, la bandera española se ha arriado --si es que alguna vez llegó a colgarse--, la senyera ha quedado arrumbada y, en la fachada del consistorio, solo luce la estelada.

A pesar de las tentativas para restablecer la legalidad, hasta ahora el nacionalismo se ha salido con la suya imponiendo sus símbolos. Frente a esta situación, algunos ciudadanos han dado un paso al frente. Se llaman a sí mismos brigadistas, se mueven de noche y en grupos reducidos. ¿Su objetivo? Restituir la rojigualda en las instituciones públicas. Así es como actúan.

“No somos radicales”

R. cuenta que no tendría por qué haberse vinculado con nada de esto. Como profesional liberal, tenía bastante con llegar a fin de mes y sacar adelante a su familia. Pero el procés removió algo en su interior: “El independentismo dio un golpe de Estado. No podía permitir que en el resto de España se pensara que todos los catalanes pensábamos igual. Queríamos demostrar que había otra Cataluña”.

El compromiso de todos los entrevistados parte de esta emoción compartida. ¿Pero qué ideología les une? R. reivindica el pluralismo político y elude las etiquetas: “No somos radicales. En el grupo hay de todo políticamente: izquierda, derecha, centro… una vez vino uno que había votado a Podemos. Nuestra ideología es que Cataluña no se separe de España”.

Victorias judiciales

Los brigadistas empezaron retirando lazos, pero ahora que la “fiebre amarilla” ha remitido, han iniciado una campaña en favor de la bandera española. Sus últimas operaciones --así denominan a sus actuaciones-- se han centrado en pueblos de Lleida, aunque recorren toda la comunidad catalana. Suelen elegir con poca antelación las localizaciones, evitan enfrentamientos con grupos opuestos, como los CDR, y ejecutan el intercambio de banderas con rapidez. Su intervención en Tremp provocó la ira de la alcaldesa María Pilar Cases (ERC), que calificó como “acto vandálico” pegar un adhesivo con la enseña nacional en la sede municipal.

Pero lo cierto es que hasta ahora no han perdido ninguno de los 20 juicios a los que se han enfrentado. Cuando los ayuntamientos descubren que una estelada ha sido arrebatada del mástil, denuncian a todas las personas que logran identificar. Pero los cargos decaen en sede judicial: “Nos acusan de hurto, pero no nos quedamos nada. Todo el material que requisamos [sic] va a los contenedores. También nos acusan de daños, pero no tocamos nada de mobiliario público”.

Resistencia… aunque menos

Sin embargo, a medida que el secesionismo ha reducido su beligerencia en la calle tras el 1-O, la resistencia constitucionalista también ha ido a menos. L. reconoce que de los 30 grupos que existían hace dos años, ahora ni siquiera quedan la mitad: "Quedamos tres brigadas, la de Terrassa, la Brigada Libera Barcelona y Resistencia Tabarnia, que actúa en Tarragona. Aparte están las Supernenas, Segadors del Maresme, Sophie Scholl, la Gamba de Palamós y Libera Gerona".

L. forma parte de Supernenas, un grupo pensado solo para mujeres pero que posteriormente aceptó miembros de cualquier sexo. ¿Ha pasado un mal trago en alguna ocasión? "He vivido muchos momentos de tensión, pero miedo nunca. Vamos acompañados y según cómo vemos el patio, llamamos a los Mossos. Me han agredido, en un pueblo me robaron el móvil... pero pensamos seguir e iremos allí donde sea".

*Para preservar el anonimato de los entrevistados, se les ha nombrado con una inicial en clave y se han evitado detalles personales que pudieran identificarlos.