La fiscalía pide también la suspensión del tercer grado de Rull, Turull y Bassa

La fiscalía pide la suspensión del tercer grado de los exconsellers condenados por el 1-O Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, por lo que solicita la anulación inmediata de su condición de semilibertad y que vuelvan al segundo grado.

El recurso llega después de que un juzgado de vigilancia penitenciaria tumbara de forma cautelar la semilibertad otorgada al presidente de ERC, Oriol Junqueras; al expresidente de la ANC Jordi Sànchez (quien ha recurrido); al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Quim Forn y Raül Romeva, igualmente condenados en el llamado juicio del procés y que el miércoles ya no salieron de prisión.

Ni arrepentidos ni resocializados

Recalca que la condena debe ser "un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales", lo que considera que no ocurriría si se avala la semilibertad.

Además, incide en que "los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos", porque más allá de estar integrados en la sociedad, la reinserción también se refiere a que una persona acepte respetar la ley vigente. Para el fiscal, no se puede considerar que los presos del 1-O hayan aceptado vivir de acuerdo a la legalidad "en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva" al no considerar que los hechos por los que fueron condenados suponen un delito de sedición.

Forcadell, pendiente

De esta forma, la fiscalía, que el pasado martes también recurrió el tercer grado de la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell --aunque en este caso aún sigue a la espera de que el juez resuelva su suspensión cautelar--, ya ha llevado al juzgado de vigilancia penitenciaria la semilibertad que la Generalitat ha concedido a los nueve presos del procés. Considera que todos han recibido un trato privilegiado pocos meses después de la sentencia.

La fiscalía también ha recurrido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario para con los nueve condenados, el subterfugio al que se acogían hasta la obtención del tercer grado para salir de prisión varias horas al día bajo el argumento de ir a trabajar o realizar tareas de voluntariado. En este caso, decidirá el Tribunal Supremo.