Investigan posibles irregularidades del Govern en la gestión de residencias

La Guardia Civil acudió ayer a las conselleries de Salud y Asuntos Sociales de la Generalitat para requisar distintos expedientes vinculados a la compra de material sanitario y con información sobre las residencias catalanas, tanto públicas como privadas.

Varios agentes accedieron a ambos departamentos amparados por una orden judicial interpuesta por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, quien pretende investigar las compras de material sanitario realizadas por el Govern así como los geriátricos intervenidos, las personas trasladadas de un centro a otro, las medidas de aislamiento y el número enfermos y fallecidos por coronavirus en estos recintos, además de las pruebas PCR realizadas.

Posible malversación y homicidio imprudente

En una noticia que ha avanzado El Periódico, el Govern de la Generalitat se encuentra investigado por posibles irregularidades en su gestión de la pandemia del coronavirus y, en especial, el trabajo realizado con las residencias de ancianos.

Fuentes del Departamento de Salud afirmaron a dicho periódico que habían recibido los oficios y comunicaron que entregarán todo lo que se les pida. La intención del magistrado Aguirre es comprobar que la Generalitat no ha malversado fondos junto a la posibilidad de imputarles un delito por homicidio imprudente.

Quieren conocer hasta el más mínimo detalle

Según la información, la Guardia Civil ha tomado declaración a Maria Cinta Pascual, presidenta de las patronales Asociación Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Dependientes --muy crítica con el trabajo del Govern durante el estado de alarma--, para averiguar si ambas entidades adquirieron material sanitario, quiénes han sido los interlocutores con la Generalitat y qué propuestas realizaron y fueron aceptadas o rechazadas por parte de la Administración.

Otro de los puntos que investiga Aguirre es el traslado de personas de un centro a otro. Partiendo de que muchas fuentes se quejaron de la mala gestión en el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres, el juez investiga también si se pudieron haber cometido “graves errores” y un posible descontrol en el traslado de personas de unas residencias a otras y en los pacientes derivados a los hospitales, que en algunas ocasiones fueron traslados tardíos.