La fiscalía pide la anulación de las salidas de prisión para trabajar (artículo 100.2) de los dirigentes independentistas condenador por sedición y malversación, quienes antes de la obtención del tercer grado (medida que un juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Quim Forn, los cinco de Lledoners) se habían beneficiado de la aplicación de dicho punto del reglamento penitenciario.

Ha sido la fiscalía del Tribunal Supremo la que ha remitido un escrito a la sala segunda, que preside Manuel Marchena. Se pide, en ese escrito, que se dicte de forma inmediata la suspensión del 100.2 del reglamento penitenciario, subterfugio al que se acogían los condenados, hasta la obtención del tercer grado, para salir unas horas de la cárcel bajo el pretexto de ir a trabajar o realizar tareas de voluntariado incluso antes, en muchos casos, de haber cumplido la cuarta parte de la pena.

Suspensión como obliga la ley

El argumento para dar ese paso es que el Supremo se declara competente para resolver la cuestión jurídica, después de que, la semana pasada, suspendiera los citados permisos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La acusación intenta que el alto tribunal siga el mismo criterio con el resto de los líderes del procés condenados.

Se trata de una medida inmediata, a partir del cumplimiento estricto de la ley, que señala su suspensión. Lo detallan en el informe los fiscales de sala, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, al constatar que “se dicten las respectivas providencias en las que se acuerde la suspensión de la ejecutividad de las decisiones del juzgado de vigilancia aprobando el artículo 100.2 en tanto se hallan recurridas por el fiscal en apelación, con comunicación al centro penitenciario respectivo”.

Sin efectos prácticos

No obstante, la revocación de la aplicación del 100.2 no tiene efectos prácticos en estos momentos, ya que los líderes independentistas en prisión disfrutan ya de un tercer grado (aunque un juez se lo ha suspendido a cinco de ellos). La situación de Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Josep Rull en este sentido todavía está pendiente de resolución.

De hecho, la Audiencia de Girona desestimó, el mismo día que se dio a conocer la resolución contra Forcadell, el recurso de la fiscalía contra la aplicación del 100.2 a la exconsellera Dolors Bassa por quedar "vacío de contenido" al encontrarse en el tercer grado.

Independentismo cohesionado

La medida, aunque esperada por los políticos presos, ha supuesto un giro de 180 grados, porque el Govern de la Generalitat hace responsable al Gobierno de Pedro Sánchez, al entender que ha alentado a la fiscalía, recordando las palabras del jefe del Ejecutivo, cuando señaló que la fiscalía debía hacer caso al Gobierno.

El independentismo se ha cohesionado, de nuevo, con esa decisión, y une a Esquerra y a Junts per Catalunya en la petición de que se encuentre una “salida política” que deje a los políticos presos en libertad. El Ejecutivo central, sin embargo, insiste en que no ha tenido nada que ver y en que se debe cumplir todos los pasos que va dando la justicia española.