El Constitucional rechaza el recurso de Forcadell contra la ejecución de su condena

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell no saldrá de prisión. Así lo ha acordado, por unanimidad, el pleno del Tribunal Constitucional (TC), que ha rechazado la petición de suspender la ejecución de condena de 11 años y medio de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por el delito de sedición en el marco del proceso independentista.

Forcadell solicitó la suspensión cautelar de la pena mientras se resuelve el recurso presentado por su defensa contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la Sala de lo Penal del alto tribunal y contra el auto del pasado 29 de enero, por el que la sala desestimó todos los incidentes de nulidad presentados por los condenados por el procés.

El tribunal rechaza sus argumentos

El tribunal de garantías considera que los argumentos expuestos por la defensa de la expresidenta del Parlament no son suficientes para probar que mantener la ejecución de la sentencia supondría un daño irreparable para esta. Por ello, no acepta la petición de la suspensión cautelar de la condena.

Según explica el pleno en un auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, aceptar la suspensión de la sentencia del Supremo "equivaldría a poner en cuestión la propia condena" y para ello habría que hacer una valoración de la vulneración de derechos expuestos en el recurso que implicaría entrar ya en el fondo del asunto.

"No" unánime a los presos independentistas

El Tribunal Constitucional ya rechazó el pasado mes de junio dejar en suspenso el cumplimiento de las penas del resto de líderes independentistas condenados por el Supremo por el procés, tal y como solicitaron sus defensas, pero la petición de Forcadell se paralizó hasta que se resolviera la recusación que presentó contra los magistrados del tribunal de garantías.

Una vez resuelta dicha recusación, el pleno ha mantenido la posición adoptada anteriormente. Así, en el auto que se ha dado a conocer este lunes, el TC explica que la adopción de esta medida "supondría una perturbación grave de un interés protegido constitucionalmente, como es el de la garantía de la efectividad de la actuación de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial".