Los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña sabían de primera mano que podían estar incumpliendo la ley al saltarse los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) tramitando las denominadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 y las propuestas de resolución que contenían la declaración de independencia. Así lo ha confirmado este miércoles quien en esa época ejercía como letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, en su declaración como testigo en el juicio a dichos diputados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Bayona ha explicado que más de un año antes, en julio de 2016, ya alertó a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que la votación de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron alterando el orden del día, podía contravenir los mandatos del TC. Además, se advirtió a la Mesa de que la Ley de Presupuestos de 2017, que contenía una disposición para sufragar referéndum de independencia ilegal, también podía ser inconstitucional.
Advertencias y "responsabilidades"
Sobre por qué hizo estas advertencias, Bayona ha recordado que estaba apercibido por el TC sobre su deber de hacer cumplir sus mandatos y porque entendía "que la tarea de asesoramiento obliga a advertir cuando es necesario a las personas que pueden tener un problema y pueden tener responsabilidades".
El letrado ha dicho además que, durante la votación del pleno del 6 y 7 de septiembre de la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, el secretario general, Xavier Muro, ordenó que no estuvieran presentes los funcionarios "debido a la naturaleza de la situación".
Preguntado por el fiscal Pedro Ariche sobre por qué las proposiciones de ley del referéndum y de transitoriedad se presentaron a finales de julio, pero no llegaron a la Mesa para tramitar hasta el mismo día del pleno, el ahora letrado del Parlament ha explicado "no es habitual" que tarde tanto y que fue porque Forcadell quería estudiarlas a fondo.
El control de la Mesa
Por lo que respecta a uno de los debates en los que se centra el juicio, sobre si la Mesa puede estudiar o no el fondo de las iniciativas parlamentarias antes de admitirlas a trámite, Bayona ha indicado que el principio general y la doctrina indican que "la Mesa no tiene capacidad de control político". La función de la Mesa es admitir a trámite una propuesta y calificarla sobre cómo se tramitará, lo que implica valorar que cumple los requisitos formales.
Sin embargo, ha explicado que la nueva doctrina del Constitucional preveía poder hacer un juicio de constitucionalidad de las propuestas y que, como letrado mayor, defendió en un escrito de alegaciones ante el TC que, a su modo de ver, era "desproporcionado", porque podía limitar el derecho a la iniciativa parlamentaria, ya que las propuestas pueden modificarse y enmendarse durante el trámite parlamentario.